Acabar a martillazos con un televisor o un ordenador no es forma de desprenderse de aparatos con sustancias peligrosas en sus tripas, que deben tratarse adecuadamente. No lo hacía así una empresa de Erandio (Vizcaya), cuya gestión irregular de estos residuos ha llevado al Seprona a investigar a 10 de sus responsables.

Una operación denominada "Hondakina" de la que hoy ha dado cuenta la Dirección General de la Guardia Civil, llevada a cabo por los agentes del Seprona en colaboración con Europol y coordinada por la Fiscalía de Medio Ambiente.

Fuentes próximas al caso han señalado a Efe que se trata de la empresa Indumetal Recycling, que, constituida en 1984, se define en Internet como "líderes en la gestión" de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (los RAEEs) o chatarra electrónica.

Según las fuentes, esta empresa empezó a ser investigada en julio de 2015 tras las sospechas del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia de que podría estar haciendo una gestión irregular de RAEEs, sobre todo de los denominados "cabezones", que son los televisores y ordenadores de tubo, es decir, los que no tienen pantalla plana.

Calcula la Guardia Civil que cada año esta empresa podría gestionar 2.000 toneladas de estos residuos sin cumplir con los requisitos legales para ello, a pesar de estar autorizada para llevar a cabo esa gestión y cobrar por ello.

De hecho, sólo una pequeña parte de los aparatos que llegaban hasta allí -procedentes no solo de España, sino también en camiones desde Alemania, Francia, Portugal e Italia- eran descontaminados, como exige la normativa, mientras que la mayoría eran triturados.

Los agentes decidieron vigilar de cerca la actividad de la empresa, que dispone de los medios necesarios para descontaminar y gestionar los aparatos, lo que requiere un procedimiento concreto según el código de fabricación del "deshecho".

Meses de vigilancia permitieron constatar que ya desde la llegada del material, el tratamiento no era el correcto.

Así, la propia descarga de los aparatos desde los camiones se hacía por el método de volcado, lo que provocaba la rotura de los mismos y, por tanto, el riesgo de que desde ese primer momento desprendieran sustancias peligrosas era más que evidente, recalcan fuentes de la investigación.

Y no solo eso, sino que una parte importante del material, al que además no se le había retirado todas las sustancias que contenía, era tratado por maquinaria que lo fracturaba sin cuidado alguno en el patio de la planta.

Como consecuencia de esto, la empresa investigada podría haber estado vertiendo residuos procedentes de lixiviados y moliendas a la ría que está próxima o al alcantarillado, con el consiguiente riesgo de contaminación.

Riesgo también para la salud de los trabajadores de la planta, que operaban en contacto con diversos contaminantes sin las medidas adecuadas de protección.

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El tratamiento inadecuado de los aparatos en todas las fases de su gestión (transporte, descarga, clasificación, desmontaje y tratamiento específico) provocó que en la planta se esparcieran sustancias peligrosas como plomo, cadmio, cobre, zinc o fósforo.

Han sido muchos meses de trabajo policial y también de análisis en los laboratorios de las muestras tomadas, que han confirmado las sospechas y que han determinado la puesta a disposición judicial por parte del Seprona de diez personas, entre ellas directivos de la planta, a quienes se les atribuye delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Porque las investigaciones también demostraron que las cantidades de residuos peligrosos declaradas en ciertos tipos de RAEE era muy inferior a los porcentajes que se tenían que haber recuperado.

Y constataron también que el material resultante de ese machacado sin descontaminar era vendido por la empresa a fundiciones, por lo que el negocio era doble, ya que por un lado cobraba por una gestión que no hacía y por otro, obtenía ingresos vendiendo el producto como material para fundir.