La patronal y los sindicatos de la seguridad privada en España han cuestionado hoy al unísono el borrador del reglamento que regulará esta actividad elaborado por el anterior Ejecutivo, cuyo plazo de alegaciones expira el próximo viernes, y han solicitado al nuevo Gobierno que dé un "giro" a la norma.

La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser) y los sindicatos FeSMC-UGT, CCOO y FTSP-USO han agradecido el "esfuerzo" por la elaboración durante cuatro años de este nuevo reglamento, que pretende reemplazar al anterior, y cuyo borrador se dio a conocer el pasado 22 de mayo.

En un Observatorio sectorial creado al efecto, patronal y sindicatos han calificado la norma como "necesaria" para el sector, pero han censurado algunas de las medidas que recoge el citado borrador.

El Observatorio ha criticado el artículo que revisa a la baja tanto las garantías financieras como la cobertura de responsabilidad civil que "señalaba acertadamente" la ley en vigor.

Asimismo, ha censurado que el borrador de la nueva norma no incluya garantías para la contratación directa de los servicios de seguridad, como lo refleja el actual marco legal, y ha subrayado que el texto "favorece" la proliferación de empresas intermediarias de bajo coste para la contratación de los servicios de seguridad.

Este último capítulo provocará, a juicio del sector, una "precarización" y una "merma" de los niveles de calidad.

Con respecto a los artículos que abordan el transporte de fondos, que es la actividad que desarrollan los furgones blindados, el Observatorio se ha mostrado en desacuerdo con dos medidas: la que habilita a las entidades que no tengan consideración de empresas de seguridad para poder transportar fondos de hasta 215.000 euros y la que elimina la consideración de depósito de seguridad los de cuantía de hasta 25 millones.

Los sindicatos han advertido de que la entrada en vigor de un reglamento con estas dos últimas medidas generaría una destrucción de empleo de hasta el 95 % de los trabajadores del sector del transporte de fondos en España, favorecería el blanqueo de capitales y aumentaría "exponencialmente" la inseguridad ciudadana.

Las fuerzas sindicales ya han dado traslado sus demandas al nuevo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como la propuesta de "paralizar" el nuevo reglamento para que se abra un debate con los agentes económicos.