El impago o el retraso en el abono de ayudas a la vivienda ya concedidas y los problemas en la adjudicación de viviendas públicas protegidas acapararon las quejas recibidas por el Defensor del Pueblo el año pasado, según su Informe Anual 2017.

La institución actuó el año pasado ante la escasez de viviendas protegidas, los largos plazos de entrega y los procesos de adjudicación empleados.

El Defensor del Pueblo reclama un proceso de adjudicación transparente, que informe en todo momento del estado del proceso.

Según el Defensor del Pueblo, la falta de coordinación entre administraciones y el hecho de que no compartan una base de datos única imposibilita conocer la demanda real para ajustar las políticas de vivienda.

A la institución le preocupan los casos de desalojo de familias con menores de edad a las que la Administración no proporciona una alternativa habitacional para evitar su exclusión social.

En su opinión, las ayudas no son suficientes para proteger el derecho a una vivienda adecuada y así se lo ha transmitido a las distintas administraciones.

Otro asunto destacado el año pasado fue la convivencia en las viviendas públicas protegidas.

Las reclamaciones y los problemas detectados siguieron aumentando el pasado ejercicio, por lo que la institución mantuvo reuniones con asociaciones de vecinos.

Los ciudadanos también han trasladado al Defensor del Pueblo sus quejas por el elevado precio del alquiler en España.