La reordenación del sistema de prestaciones por desempleo y la reforma del de pensiones son los dos principales retos que deberá afrontar la nueva ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que accede al poder con un mercado laboral que aún no ha recuperado los niveles previos a la crisis.

Con dos años de legislatura por delante, la nueva ministra se encuentra con un mercado laboral con 18,87 millones de empleados, casi dos millones menos que en 2007, caracterizado por una elevada temporalidad (del 26 %) y con una tasa de paro del 16,7 %, la segunda más elevada de la UE.

España tiene casi 3,8 millones de desempleados -la mitad de larga duración- y sólo 1,82 millones de ellos perciben una prestación por desempleo, situando la tasa de cobertura del sistema de protección en el 59,5 %.

La nueva titular de Trabajo deberá retomar las negociaciones con los agentes sociales y las comunidades autónomas para reformar el sistema de protección por desempleo, después de que dos de los programas, que afectaban a desempleados de larga duración, dejaran de estar en vigor desde el pasado el 1 de mayo.

El plan Prepara y el Programa de Activación por el Empleo (PAE) dejaron de funcionar hace más de un mes cuando decayó la prórroga que se dieron Gobierno y comunidades autónomas para acatar sendas sentencias del Tribunal Constitucional que señalaban que la gestión de estas ayudas era competencia autonómica y no estatal.

Para sustituirlas, el anterior Gobierno trabajaba en una Renta Complementaria de Desempleo (RED), que no pudo sacar adelante al no contar con el apoyo de los sindicatos -que consideraban que recortaba la protección actual- ni de algunas comunidades autónomas.

No obstante, introdujo mediante una enmienda en los Presupuestos para este año la creación de un subsidio extraordinario por desempleo "con carácter extraordinario y temporal" para que no queden desprotegidos los posibles beneficiarios de este tipo de ayudas económicas.

La elevada temporalidad del empleo que afecta al 26 % de los asalariados y, en concreto, los contratos de muy corta duración (de menos de una semana) que representan más de 1 de cada 4 que se firman cada mes, es uno de los principales problemas del mercado laboral.

Por ello, Valerio deberá retomar la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos que trataba de atajar la elevada temporalidad, así como legislar para reducir la brecha salarial de género o para introducir mejoras en el ámbito de la formación.

En general, el nuevo Ministerio de Trabajo se enfrenta al reto de dinamizar las mesas que comparte con patronal y sindicatos, que llevan varios años sin dar apenas frutos, y de potenciar el papel de los interlocutores sociales haciéndoles partícipes de las grandes reformas.

Y, entre éstas, destaca la del sistema de pensiones que deberá ser abordada por el Ejecutivo entrante una vez la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo emita sus recomendaciones, revisando los gastos e ingresos de la Seguridad Social para que en el futuro sea solvente y asegure el cobro de la pensión.

Con un déficit de 16.800 millones de euros en 2017 y un fondo de reserva de tan sólo 8.000 millones de euros, la Seguridad Social recibirá este año un préstamo de 15.164 millones de euros del Estado para el pago puntual de las pensiones.

El nuevo Gobierno deberá afrontar también una creciente movilización social, con unos sindicatos que llaman a manifestarse en reclamo de un pacto salarial que permita recuperar el poder adquisitivo, en defensa del sistema de pensiones y por la igualdad.