El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha asegurado hoy que el hecho de que se le investigue por presunto fraude en la facturación de conferencias es un "claro caso de discriminación", ya que desde 2002 es "plenamente lícito" cobrar a través de empresas.

Recién marcaban las 10:00 horas cuando Rato, escoltado por la multitud de periodistas que lo aguardaban, accedía a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla dos años después de su última declaración, esta vez para responder al juez Antonio Serrano-Arnal por el supuesto delito fiscal que le atribuyen los investigadores.

Según la Guardia Civil, entre 2007 y 2012 y durante el ejercicio 2014, la sociedad mercantil Arada, propiedad de Rato y de su exmujer, facturó a la empresa Bureau Consulting de Conferenciantes (BCC) 1,7 millones de euros, siendo 2008, meses después de su salida del Fondo Monetario Internacional (FMI), aquel de mayor volumen.

Hechos recogidos por la Fiscalía Anticorrupción en su denuncia inicial, en la que señalaba al exministro por un posible delito -tipificado por el Código Penal- cometido en 2012, año en el que se habrían defraudado al menos 672.329 euros.

Una hora después de su llegada, Rato abandonaba la lectura de varios diarios económicos para dirigirse al juzgado de Instrucción número 31, donde ha reconocido que impartió unas conferencias cuyos honorarios percibió a través de Arada.

Conducta "plenamente legítima", ha sostenido quien fuera director gerente del FMI, que ha dicho ante las cámaras que las pesquisas son un "caso de discriminación" en tanto que a "otras personas con biografías similares y con responsabilidades similares o superiores" a las suyas no se les ha atribuido un posible fraude fiscal.

En este sentido, ha insistido en que Hacienda sólo ha recurrido a la vía penal en su caso pues si ha tenido dudas respecto a las "muchas otras personas" que han optado por esta forma de facturación, las ha resuelto de forma administrativa.

Tampoco han faltado los reproches a la ONIF, Oficina Antifraude dependiente del fisco, a la que ha afeado que casi tres años después de su detención, sigue sin presentar un informe definitivo sobre las supuestas conductas delictivas por la que se investiga el origen de su patrimonio.

Para Rato, no sólo la ONIF, después de once informes, no ha logrado acreditar los delitos que se le imputaban, sino que "se ha puesto de manifiesto que la acusación inicial, que he calificado de falsa, sobre la defraudación de más de ocho millones de euros" por movimientos de divisas "ha quedado reducida a cero".

Las pesquisas de esta pieza separada del caso Rato se iniciaron en noviembre de 2015, cuando la Guardia Civil solicitó al juez que se investigara la relación con BCC, dado el "complejo entramado empresarial a través del cual (Rato) hace circular fondos provenientes de actividades profesionales".

Entre otras, se encontraban las conferencias impartidas por Rato y que gestionaba, según la Benemérita, la sociedad BCC, administrada por los investigados Pedro Díez y Francisca Buján, que también han declarado hoy ante el juez de Instrucción.

En su declaración inicial el exvicepresidente del Gobierno reconoció haber contratado tales servicios, tras lo cual el magistrado acordó la apertura de diligencias en mayo de 2016.

Una decisión revocada en segunda instancia, que anuló la medida al no ser "de recibo una motivación 'por remisión' a un atestado policial".

Sin embargo, las pesquisas se retomaron poco después, cuando la sala estimó un recurso del Ministerio Público tras advertir indicios de que los datos utilizados para la liquidación del impuesto se declararon "mal o torticeramente".

Aunque estaba previsto que Rato respondiera sobre el presunto blanqueo por el que le señala la UCO, la declaración se ha limitado a su actividad con BCC debido al recurso, aún sin resolver, interpuesto por el exministro ante la Audiencia Provincial de Madrid.