PSOE, Unidos Podemos, ERC y PDeCAT han pedido hoy que la prestación de ingresos mínimos de 426 euros mensuales para desempleados sin recursos que debate el Congreso no impida el cobro de otras rentas mínimas autonómicas.

La ponencia que estudia la proposición de Ley de ingresos mínimos procedente de la Iniciativa Legislativa Popular promovida por los sindicatos ha iniciado hoy sus trabajos en la Comisión de Empleo para intentar consensuar las 52 enmiendas parciales que se han registrado.

Fuentes parlamentarias han señalado a EFE que los portavoces del PSOE, de Unidos Podemos, de ERC y del PDeCAT han acordado transaccionar un bloque de enmiendas, entre las que piden que esta renta mínima estatal sea compatible con otras rentas mínimas establecidas por las respectivas Comunidades Autónomas.

Sin embargo, las mismas fuentes han señalado que el PP, Ciudadanos y el PNV se han opuesto a las enmiendas que proponen, por lo que intentarán llegar a un acuerdo en próximas reuniones.

El bloque de enmiendas pactado por los socialistas, los partidos nacionalistas catalanes y por la formación morada también urge a que en el plazo de un año el Gobierno reforme de forma integral el sistema de rentas y prestaciones, tanto en su nivel asistencial como contributivo.

Asimismo piden que el IPREM sea la referencia utilizada para establecer la cuantía de la Prestación de Ingresos Mínimos, pero señalan que debe experimentar las modificaciones que sean necesarias para que garantice que las personas beneficiarias puedan acceder a prestaciones que superen el límite de ingresos establecidos en cada momento a los efectos de umbral de riesgo de pobreza.

Estos partidos también están de acuerdo en que se elabore una ley que mejore la actual prestación por hijo a cargo para que entre en vigor en un plazo no superior a los 18 meses.

Según su propuesta, la norma establecería una cuantía ordinaria al menos de 1.200 euros anuales por cada persona menor de 18 años a cargo, con vocación de ser ampliada a los 21 años conforme a las recomendaciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Estos partidos han consensuado que la entidad gestora resuelva la prestación solicitada en un plazo de quince días y que la prestación atienda los principios contenidos en la Carta Social Europea.