El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado este miércoles que Uber es una empresa de transporte y no una plataforma digital, por lo que el gobierno de cada país puede exigirle licencias como las que se les requieren a los profesionales del taxi. Esta sentencia es todo un triunfo judicial para los taxistas después de varios años de enfrentamiento directo y movilizaciones en varias ciudades europeas. Ahora, cada gobierno debe regular las condiciones para que empresas como Uber o Cabify puedan operar legalmente. Pero, ¿qué diferencias existen entre ambos servicios en España?

La sentencia llega tres años después de una denuncia por supuesta competencia desleal presentada por un colectivo de taxistas de Barcelona (España). Los demandantes entendían que Uber incurría en prácticas de competencia desleal dado que ni la empresa ni sus conductores disponían de las licencias y autorizaciones previas previstas.

La normativa española ya obliga actualmente a Uber a que sus conductores solo puedan operar si tienen una licencia de vehículo de turismo con conductor (VTC), la misma que hasta ahora utilizaban los coches con chófer privado. "La sentencia emitida hoy por el Tribunal Europeo de Justicia hace referencia a UberPOP, un servicio entre particulares que Uber dejó de operar en España en diciembre de 2014", se ha defendido hoy mismo la empresa.

La gran guerra ahora, por tanto, se centra en el número de licencias que pueden tener. Los taxistas defienden que sólo dispongan de 30 licencias de taxis. Antes de verano había 66.835 licencias de taxi frente a las 5.654 licencias de VTC. La exigencias de los taxistas se basan en el Reglamento de Ordenación de Transporte Terrestre que Rajoy aprobó al final de la pasada legislatura. El Gobierno, desbordado, prepara un nuevo real decreto cuya aprobación se espera para comienzos de 2018.

Por un lado, se quiere impedir que los titulares de licencias VTC puedan revenderlas hasta pasados dos años desde su primera expedición. Por otro lado, las comunidades autónomas podrán exigir a los conductores de Uber que comuniquen previamente la prestación de cualquier servicio que haya de desarrollarse íntegramente dentro de su territorio. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) avisó la semana pasada de que estas decisiones "restringen la competencia" en el sector.  

Pero las diferencias también existen en un marco puramente laboral. Para ser taxista o conductor de Uber hay que seguir distintos caminos. Las personas que quieran ganarse la vida como taxistas tienen que tener el permiso de conducir y cumplir una serie de requisitos que dependen del Ayuntamiento. En el caso de Madrid hay que superar un examen, carecer de antecedentes penales, no padecer enfermedades infecto-contagiosas y tener el título de Educación Secundaria Obligatoria o uno equivalente. 

El conductor de Uber, mientras, solo debe contar con la licencia VTC, tener en regla la ficha técnica del vehículo y estar dados de alta en el régimen de autónomos o constitución como empresa. Son excluidos, eso sí, los que tengan antecedentes penales. Con estos papeles en regla, el conductor que así lo desee solo debe darse de alta en la plataforma y comenzar a trabajar. El 25% de sus facturaciones se lo queda Uber.