El Consejo de Administradores de Fincas ha presentado hoy una propuesta de reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que pide intereses superiores para los morosos en las comunidades de propietarios, cuya deuda global supera en España los 1.600 millones de euros, pese a descender el 4 % en 2017. Esta propuesta, que fue presentada en rueda de prensa en el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, pide que se establezca por ley que los intereses por mora se sitúen uno o varios puntos porcentuales por encima del interés legal del dinero, aunque sin llegar a ser abusivos o desproporcionados. Otra medida para combatir la morosidad en las comunidades de vecinos es que se dote a la comunidad de propietarios de la potestad de restringir de forma temporal el uso de zonas comunes del edificio, como piscinas, a quienes no estén al día en el pago de las cuotas, siempre que no sean de carácter esencial.

También proponen que los compradores de un inmueble tengan que exigir a los vendedores un certificado de deudas y, en caso contrario, si existen partidas adeudadas a la comunidad de vecinos, que sean los responsables solidarios de esas cantidades. La propuesta de ley se ha presentado antes de que tenga lugar el vigesimoprimer congreso estatal de estos profesionales, que celebrarán en la capital desde mañana, jueves, al sábado, los 38 colegios territoriales.

Los administradores de fincas han presentado también los datos de morosidad de 2017, que de forma global disminuyó el 3,88 % respecto a 2016 y ha quedado en 1.601,23 millones de euros, frente a los 1.665,9 millones de 2016. El presidente del consejo, Salvador Díez, ha confiado en que en 2018 descienda aún más la morosidad, ya que, según los datos aportados, la morosidad disminuyó en 2017 el 4,13 % y quedó en 317,12 millones de euros, y el importe medio de la cantidad debida en cada comunidad de vecinos se situó en 1.065 euros. El 38,4 % de las comunidades tienen algún propietario moroso y el 7 % tiene algún banco que les adeuda cuotas.

También proponen que se exija que las comunidades cuenten obligatoriamente con un seguro de responsabilidad civil, y que el secretario-administrador pueda con su firma liberar al presidente de la comunidad de vecinos del visto bueno necesario para la expedición de certificados y documentos. Los administradores de fincas proponen igualmente la convocatoria única para las juntas, que se permita la asistencia a las juntas por videoconferencia u otras herramientas telemáticas, que la abstención en una votación de un propietario se compute a favor de la mayoría y que los gastos de eliminación de las barreras arquitectónicas sean de cuenta y cargo de todos los propietarios.