Andrés Dulanto y Belén Molleda

España tiene una "oportunidad estratégica" para desarrollar la inteligencia artificial aplicada al lenguaje, debido al "gran potencial" que tiene el español en este campo, el segundo idioma más hablado del mundo y que permite al país aunar esfuerzos con los países latinoamericanos en esta materia.

El secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, José María Lassalle, se ha referido, en una entrevista con EFE, al "desarrollo de infraestructuras tecnológicas aplicadas al lenguaje", que tiene unas "potencialidades económicas y de desarrollo extraordinario en los próximos años" en el mundo y en concreto en España.

En este campo, el país "está bien posicionado" y tiene que aprovechar la oportunidad que le brinda el español, que le da una gran capacidad de colaboración con los países latinoamericanos, como ya hace desde hace "muchos años" en el ámbito de la lengua, a través de las reales academias.

España ha codificado su información lingüística en el ámbito de la justicia; en el de la administración pública en general; así como en el de la lengua, de la mano de instituciones como la Real Academia Española (RAE) y de la Academia de la Historia, entre otras.

Esto ofrece una posición estratégica de España con respecto a otros países que no han tenido esa fortaleza histórica de asociar a su lengua toda una serie de instrumentos de depósitos de información, ha explicado.

Para la construcción de un "corpus textual de español que sirva de base para las tecnologías del lenguaje, la Secretaría de Estado firmó a finales del año pasado un acuerdo con la Real Academia Española (RAE), con el fin de "aprovechar todo el trabajo que están haciendo a través del diccionario de la lengua con soporte informático y digital que se está diseñando".

Además, la Secretaría de Estado ha formalizado una "declaración de intenciones" con varios países latinoamericanos -México, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Costa Rica y Perú- para promover un ecosistema 4.0, en el que uno de los ejes de trabajo sea precisamente el Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje, puesto en marcha por la Secretaría de Estado que representa.

De lo que se trata, según ha explicado Lassalle, es "impulsar" desde la administración pública la "creación de un sector empresarial", ya que en este campo es "frágil" en España.

Para favorecer este objetivo, se ha puesto en marcha el "Plan de Impulso de Tecnologías del Lenguaje" (2016-2021), al que se destinarán 90 millones de euros y con el que se prevé fomentar el desarrollo del procesamiento del lenguaje natural, que facilitará por ejemplo traducciones automáticas, resúmenes de texto y clasificaciones.

Entre otras ventajas las tecnologías del lenguaje, facilitarán por ejemplo a jueces la tarea de dictar sentencias, a partir del procesamiento de la información que previamente está digitalizada; así como a los médicos el diagnóstico de enfermedades.

En el campo sanitario, no solo servirá para el diagnóstico de patologías sino también para la aplicación de tratamientos clínicos, teniendo en cuenta que será más fácil controlar la interacción de fármacos así como la capacidad de los mismos de respuesta a las enfermedades.

Estas aplicaciones permitirán, entre otras bondades, una justicia y un sistema sanitario más ágil, según ha explicado Lassalle, al referirse al ahorro en tiempo de procesos y filtración de datos que conllevará esta tecnología, que facilitará la competitividad.

Lassalle ha apuntado que la Administración pública está actuando como un vector estratégico para impulsar la iniciativa privada, ya que, a pesar de que existe "un potencial universitario investigador muy fuerte en España", existen dificultades a la hora de transmitir la innovación al sector empresarial.

Lo que se pretende ahora "es conseguir que esta tecnología aporte unos rendimientos con una intensidad que no se ha tenido hasta ahora", ha afirmado.

Este año el Plan Impulso cuenta con un presupuesto de 13 millones de euros, que se podrán incrementar en caso de que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado de 2019.

En cuanto a la protección de datos y los efectos que tendrá la nueva normativa en este campo, ha dicho que no supondrá problema alguna en esta materia, teniendo en cuenta que "en todo momento" se salvaguarda el anonimato de la información.