El Ministerio de Hacienda ha firmado un acuerdo a tres años con los sindicatos mayoritarios del sector público (CCOO, UGT y CSIF) que incluye un alza salarial que puede llegar al 8,79 % en términos acumulados, una mejora de las condiciones laborales y la vuelta a la creación neta de empleo.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha calificado el acuerdo para los empleados públicos de histórico porque se pacta, por primera vez, un acuerdo salarial ligado a la evolución del producto interior bruto (PIB) y del déficit público.

"Hay crecimiento económico y es el momento de que revierta sus beneficios a quienes están protagonizándolo, que son funcionarios públicos y trabajadores en la mayoría de las empresas", ha dicho Montoro durante la rúbrica del acuerdo, donde ha animado al sector privado a que "tome buena nota" ahora que también negocia su acuerdo salarial marco.

La parte fija del incremento salarial será del 1,75% este año, del 2,25% en 2019 y del 2% en 2020, lo que supone una subida nominal del 6% que está garantizada.

A ello se suma la parte variable ligada al PIB, que será de un 0,25% adicional para 2019 y del 1 % para 2020 siempre que el crecimiento de la economía sea igual o superior al 2,5%.

En caso de que el crecimiento sea menor al 2,5% el incremento salarial disminuirá proporcionalmente.

La parte fija del incremento salarial será del 1,75 % este año, del 2,25 % en 2019 y del 2 % en 2020

En 2020, se añade un 0,55% adicional por el cumplimiento del objetivo de déficit público.

Asimismo, dentro de la parte variable el acuerdo prevé fondos adicionales equivalentes a 800 millones de euros para homologaciones retributivas o aportaciones a planes de pensiones, que permitirán añadir subidas del 0,2 % en 2018, del 0,25 % en 2019 y del 0,3 % en 2020.

En el ámbito del empleo, el acuerdo implica eliminar el límite a la tasa de reposición para las administraciones que hayan cumplido déficit, deuda y regla de gasto, y que podrán reponer el 100 % del personal en todos los sectores.

Las administraciones que no hayan cumplido alguna de las tres condiciones tendrán una tasa de reposición del 100 % para los sectores prioritarios y del 75 % para los no prioritarios (hasta ahora era del 50 %), más una bolsa del 5 % adicional para los sectores que consideren necesario reforzar.

En todos los municipios habrá una tasa adicional del 5 % si entre 2013 a 2017 han tenido la obligación legal de prestar un mayor número de servicios públicos por el incremento de su población y bajo determinadas circunstancias.

En el caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policía autonómica y policía local la tasa de reposición se eleva al 115 %.

Además, se amplía el acuerdo de hace un año para la estabilización del empleo temporal -inicialmente pensado para sanidad, educación y justicia por tener las mayores tasas de interinidad- a los servicios de administración, generales y de investigación, así como a otros servicios públicos.

En lo que implica a las condiciones laborales se recupera el cobro del 100% del salario en caso de baja por incapacidad temporal y la capacidad de negociar las 35 horas semanales en las administraciones que cumplan déficit, deuda y regla de gasto, siempre que no afecte al objetivo de temporalidad máxima del 8 %.

Además se podrá negociar la acumulación de un 5% de la jornada anual para tareas de conciliación destinada al cuidado de familiares, aunque esas horas deberán recuperarse.

También se posibilita el establecimiento de una jornada continua especial cuando se tienen a cargo menores o discapacitados.