El Gobierno prevé ahorrar este año 1.900 millones de euros mediante el control de las prestaciones por desempleo, gracias a la mejora de su gestión y a la detección del cobro fraudulento de 220.000 ayudas.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 recoge las actuaciones que llevará a cabo el Ministerio de Empleo y Seguridad Social impulsando la reinserción laboral, luchando contra el fraude y mejorando la gestión de las prestaciones por desempleo.

La lucha contra el fraude en las prestaciones por desempleo representa un 10,5 % del gasto en la protección del paro, que este año asciende a 18.050 millones de euros.

Según los datos del proyecto de Ley, la prestación contributiva se llevará cada mes 654,2 millones de euros de media, seguida por el subsidio (289 millones), la renta activa de inserción (81,6 millones), el subsidio de eventuales agrarios (40,6 millones) y el Programa de Activación para el Empleo (24,6 millones).

Sin embargo, son más los beneficiarios del subsidio por desempleo previstos en el proyecto de Presupuestos (723.000), por delante de los de la prestación contributiva (674.950), los de la renta activa de inserción (203.456), el subsidio de eventuales agrarios (111.212) y el programa de activación para el empleo (102.634).

Además, el Ministerio de Empleo prevé destinar 41,6 millones en concepto de ayuda complementaria para los jóvenes inscritos en el sistema nacional de garantía juvenil, la misma cuantía que tenía presupuestada el año pasado, aunque finalmente sólo ejecutó 13,8 millones.

El mismo comportamiento experimenta el número de beneficiarios del programa de garantía juvenil, que el año pasado ayudó a 33.695 personas, de las 102.000 previstas, la misma cifra presupuestada para este año.

Entre las medidas que recoge el servicio público de empleo estatal (SEPE) este año para intentar reducir el fraude en las prestaciones por desempleo, están la realización de 4,3 millones de controles sobre la renovación trimestral de las demandas de empleo.

Asimismo, llevará a cabo 2,4 millones de cruces de los datos informáticos con la Seguridad Social para detectar empleo sumergido y 1,3 millones de controles sobre los requisitos para obtener la prestación.

El Ministerio de Empleo también tiene previsto hacer 350.000 reclamaciones a los desempleados por pagos indebidos de prestaciones y 10.000 comunicaciones a las empresas para exigirles su responsabilidad en la comisión del fraude.

En total, Empleo realizará 2,15 millones de controles y reclamaciones.

La lucha contra el fraude se llevará a cabo verificando que los beneficiarios de las prestaciones reúnen los requisitos exigidos tanto para el acceso como durante la percepción de las mismas y que cumplen las obligaciones inherentes a su condición de beneficiarios.

En concreto, el SEPE prestará atención al fraude en estas prestaciones como consecuencia de medidas temporales de regulación de empleo.

Por otro lado, la Inspección de Trabajo y el Instituto Nacional de la Seguridad Social investigarán las conductas fraudulentas detectadas en la gestión de prestaciones.

Se centrarán en aquellas personas que cobren indebidamente una prestación al tiempo que ejerce un trabajo por cuenta propia o ajena, así como en las altas ficticias o en el incremento injustificado de las bases de cotización.