Funcionarios de prisiones han secundado hoy paros de quince minutos en protesta por la "brutal" agresión policial que sufrieron una veintena de trabajadores la semana pasada durante una concentración en la cárcel sevillana de Morón.

En un comunicado conjunto, los sindicatos de prisiones ACAIP, UGT Y CCOO se felicitan del éxito de los paros convocados en solidaridad por los compañeros que el pasado día 17 resultaron heridos durante la protesta en la cárcel de Morón, en especial un funcionario que está ingresado y que fue herido en un ojo.

Por la actuación policial en Morón, los sindicatos pidieron el jueves pasado el cese del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que hoy, precisamente, se ha reunido con los directores de las cárceles.

Bajo el lema "Ministro, a palos No. Todos somos Dani", los sindicatos consideran desproporcionada la actuación policial durante muchas de las movilizaciones que desde hace semanas se están desarrollando en demanda de más personal y contra la brecha salarial.

"El ministro mantiene una enconada actitud de persecución y hostilidad contra las justas reivindicaciones del personal penitenciario. Un demócrata no puede resolver las reivindicaciones laborales y las críticas a su gestión a golpes", critican los sindicatos en el comunicado en el que acusan a Interior de buscar un conflicto "intenso" en las prisiones españolas.

Además de los paros de quince minutos convocados hoy, los sindicatos han convocado movilizaciones en lo que resta de mes con el objetivo de "obligar" al Gobierno a "asumir la imperiosa necesidad de abrir una mesa de negociación que ponga fin a la insostenible situación" a la que se enfrentan.

Denuncian un deterioro de sus condiciones laborales y desigualdades salariales entre los trabajadores de prisiones y lamentan el "intencionado olvido y menosprecio" de Interior que, a su juicio, desoye "el grito unánime de los trabajadores penitenciarios en la multitud de protestas llevadas a cabo".

Las concentraciones se enmarcan dentro del calendario de protestas que comenzó a principios de mes y con el que denuncian las diferencias retributivas que llegan hasta los 700 euros mensuales en algunos casos para una misma categoría y trabajo y solo en función de la cárcel en la que estén destinados.

A esta demanda, apoyada con más de 16.000 firmas que se registraron en el Congreso y Senado el pasado 26 de abril, los sindicatos suman la necesidad de convocar una oferta pública de empleo para cubrir las casi 3.400 plazas vacantes y solucionar el problema del envejecimiento de la plantilla.