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Energía esperará a estudiar reclamación de los bancos antes de pronunciarse

Madrid, 6 abr (EFE).- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital esperará a estudiar la reclamación presentada por Banco Santander, CaixaBank y Bankia, en la que piden la devolución de los 1.350 millones de euros que adelantaron para financiar el cierre del almacén de gas Castor, antes de pronunciarse sobre ella.,Según fuentes del departamento que encabeza Álvaro Nadal, el ministerio aún no ha podido estudiar la reclamación de los bancos y, por lo tanto, no tiene constancia de los argume

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 1'Actualizado 20:43

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital esperará a estudiar la reclamación presentada por Banco Santander, CaixaBank y Bankia, en la que piden la devolución de los 1.350 millones de euros que adelantaron para financiar el cierre del almacén de gas Castor, antes de pronunciarse sobre ella.

Según fuentes del departamento que encabeza Álvaro Nadal, el ministerio aún no ha podido estudiar la reclamación de los bancos y, por lo tanto, no tiene constancia de los argumentos en los que se basa.

Las fuentes consultadas han señalado que Energía no se pronunciará sobre ella hasta que la estudie.

El Banco Santander, CaixaBank y Bankia reclaman al Estado los 1.350 millones de euros que aportaron para cubrir la indemnización que se pagó a la concesionaria del proyecto, Escal UGS -participada por la constructora ACS-, cuando se decidió "hibernar" el almacén submarino, situado frente a las costas de Castellón, tras una serie de seísmos.

Las tres entidades bancarias debían recuperar el dinero adelantado a través de un recargo en la tarifa del gas.

Sin embargo, dejaron de cobrarlo después de que el Tribunal Constitucional declarara nulos varios artículos del real decreto-ley que fijó la indemnización.

Los bancos han formulado hoy ante el Gobierno una "reclamación de responsabilidad del Estado legislador" en la que solicitan la devolución del dinero aportado.

Las entidades entienden que esta decisión judicial no debe ocasionar ninguna pérdida a quien ha financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general.

Si no fuese así, argumentan, el poder público se beneficiaría de la inconstitucionalidad a costa de las entidades.

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