Los primeros pasos que se dieron para implantar unos seguros de vejez en España fueron con el Gobierno de Antonio Maura, con la aprobación del Seguro Obligatorio del Retiro Obrero a través del Real Decreto-Ley de 11 de marzo de 1919. Este era un seguro que contrataban los obreros libremente con el Instituto Español de Previsión, creado a tales efectos.

Fue siete años después cuando el derecho a las pensiones volvía a aparecer ya en las Leyes Fundamentales del Franquismo, incluso antes de acabar la Guerra Civil. En 1938, Franco creó el Fuero del Trabajo, que recogía en su artículo X en el apartado 2 que “se incrementarán los seguros sociales de: vejez, invalidez, maternidad, accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, tuberculosis y paro forzoso, tendiéndose a la implantación de un seguro total. De modo primordial se atenderá a dotar a los trabajadores ancianos de un retiro suficiente”.

Una vez acabada la dictadura, la Seguridad Social en España ha sido sometida a varias reformas a lo largo de estas cuatro décadas. La primera reforma se llevó a cabo en 1977 para modernizar el conjunto de seguros sociales heredados de la dictadura.

Otro giro al sistema de la Seguridad Social se dio con la llegada de Felipe González al Gobierno. Se aprobó una reforma en 1985 que endurecía el acceso a las pensiones contributivas que acabó con una huelga general en 1988.

Diez años después se produjo otro hito histórico, en 1995, con la firma del Pacto de Toledo, que se actualizó en el año 2013.

En 2006 se alcanzó otro pacto para una mejora del sistema de pensiones, apelando a la separación de fuentes de financiación para dotar de más equilibrio al sistema.

Y la última reforma tuvo lugar en julio de 2011, con la aprobación del Proyecto de Ley sobre la actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.