El 26 de mayo de 2003 se produjo al noreste de Turquía la mayor tragedia en la historia de las fuerzas armadas españolas al estrellarse un avión Yakovlev 42, con 61 militares y un guardia civil a bordo que regresaban de una misión de paz en Afganistán; todos ellos murieron junto con la tripulación ucraniana.

Mañana se cumplen quince años de aquel accidente y poco más de un año desde que los familiares de las víctimas pudieron dar por cumplido su objetivo de "verdad y justicia", en palabras del presidente de la asociación de familiares de las víctimas, Miguel Ángel Sencianes, tras el reconocimiento por parte del Gobierno de la responsabilidad del Estado en la tragedia y la petición de perdón de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

Las familias siempre defendieron que aquella fue una tragedia evitable y aún reclaman la responsabilidad de personas concretas, indemnizaciones y un homenaje oficial que no llega, aunque desde enero del año pasado tienen al menos el informe del Consejo de Estado, asumido por el Gobierno, en el que se les da la razón.

Aquel informe afirmaba que el avión nunca debió volar, declaró la responsabilidad patrimonial del Ministerio de Defensa, a cuyo frente estaba entonces Federico Trillo, y advirtió de la existencia de irregularidades en las contrataciones de vuelos para el transporte de tropas a misiones internacionales.

Tras la publicación del documento y su asunción por parte del Gobierno, Trillo abandonó el cargo de embajador de España en el Reino Unido.

Además de los fallos en la supervisión de las condiciones de seguridad de los vuelos contratados por el Ministerio de Defensa para trasladar a las tropas en misiones internacionales, la tragedia del Yak-42 se vio envuelta en otra polémica cuando, un año después del siniestro, se comprobó que casi la mitad de las víctimas fueron mal identificadas por la premura en llevar los restos de vuelta a España para el funeral.

Ya en 2005, cuando se había iniciado la instrucción del caso en la Audiencia Nacional, la Comisión Internacional de Investigación concluyó que las causas del siniestro fueron el cansancio de la tripulación y deficiencias de mantenimiento.

Tras una serie de archivos y reaperturas, los familiares continuaron exigiendo responsabilidades penales por la contratación del avión y llegaron incluso a presentar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos un recurso contra la no celebración del juicio por las supuestas irregularidades en el proceso de contratación.

Mientras, respecto a las identificaciones erróneas, fueron condenados en 2009 tres mandos militares: por falsear de forma consciente la identificación, uno de ellos, y como cómplices de la falsedad documental, los otros dos. En 2012 el Gobierno les concedió el indulto parcial.