La SGAE tiene de plazo hasta el próximo viernes para presentar a Cultura la información y actas relacionadas con la destitución la pasada semana de su director general, Luis Felipe Palacios, informaron hoy a EFE fuentes del Ministerio, que advierten que de no ser así podrían sancionarla con 2,7 millones de euros.

De no llegar "a tiempo" la información sobre las reuniones que derivaron en la destitución, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte abriría a la SGAE un expediente sancionador que puede alcanzar los 2,7 millones de euros, tal y como contemple la Ley de Propiedad Intelectual, reformada para poder ejercer un mayor control de las entidades de gestión.

Una cantidad esta que, según han recordado desde el Ministerio, supone "más del 1% de la facturación" de la Sociedad General de Autores y Editores el año pasado.

El ministerio ha tomado esa determinación tras conocer "por la prensa" la decisión adoptada el pasado 12 de marzo por la junta directiva extraordinaria -convocada por el presidente de la SGAE, José Miguel Fernández Sastrón- de cesar a su director general por "discrepancias contables" con su actuación.

"A raíz de conocer por la prensa que se había cesado al director general y que se estaban sucediendo esas reuniones de las que no teníamos información concreta la semana pasada se hizo un requerimiento sobre esa información", han señalado las mismas fuentes de Cultura.

Con ese requerimiento, han precisado, quieren "mostrar" que es "importante que se cumpla la legalidad".

La Junta Extraordinaria, que ahora "deberá estudiar" la elección de un nuevo director general y aprobar su designación, decidió "retirar su confianza" a Palacios por 19 votos a favor y 18 en contra.

Según señaló la entidad de gestión en una nota tras la destitución de Palacios, la decisión de votar la destitución se fundamentó "en la disparidad de visiones" que sus miembros mantenían en los últimos meses.

Este requerimiento se trata del cuarto que el Ministerio pide la SGAE, que en octubre de 2017 también tuvo que presentar el estado de sus cuentas, así como el sueldo de los directivos.