Los servicios jurídicos del Congreso consideran que el borrador para el concurso público con el que se ha de renovar al Consejo de Administración y al presidente de RTVE contiene aspectos contrarios a la legalidad, ya que limita las facultades de elección de las Cámaras.

Los letrados de la Cámara Baja han emitido su informe sobre el borrador elaborado por la oposición para desbloquear la elección de la cúpula de la radiotelevisión española, atascada desde el pasado septiembre.

En él, afirman que la propuesta no es de "plena ilegalidad", pero sí contiene aspectos contrarios a la ley que habrían de subsanarse para que el procedimiento tenga todas las garantías.

Conocidas las conclusiones de los letrados, los grupos parlamentarios tienen hasta el próximo lunes para aportar sus correcciones a los problemas planteados.

Entonces, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, convocará una reunión monográfica para proceder ya a la aprobación definitiva del concurso público que permitirá la renovación de los cargos directivos de la corporación pública.

Son varias las contradicciones y lagunas legales que han destacado los servicios jurídicos del borrador acordado por todos los grupos de la oposición, que nunca contó con el apoyo del popular.

En primer lugar, han sostenido los letrados, no contempla cómo renovar de forma parcial el Consejo o cómo abordar la cobertura de las vacantes.

Asimismo, el concurso no puede diferenciar entre candidatos a consejero o a presidente, ya que esta figura ha de resultar elegida de entre todos los consejeros.

Otra imprecisión que habría de corregirse: el proyecto de televisión que presenten los candidatos, continúa el informe, no puede ser vinculante.

El comité de expertos que ha de hacerse cargo de la gestión del concurso tampoco podrá preseleccionar a los candidatos que deberán elegir las Cámaras, ya que limitaría la capacidad decisoria de éstas.

El borrador, han incidido, no contempla mecanismos para que se recurran las decisiones adoptadas, ni qué hacer en caso de que no se presenten suficientes candidatos.

Al margen de incorrecciones legales, los servicios jurídicos también han sugerido mejoras técnicas para el concurso público: entre otras, que no haya varios órganos del Congreso implicados en el procedimiento, definir en qué consiste una reconocida experiencia profesional o un especial arraigo en España de los candidatos.

Los grupos procederán en estos días a corregir los problemas técnicos detectados para poder aportar su propuesta a la Mesa de la Cámara Baja, y la resolución definitiva deberá aprobarla después las mesas conjuntas de Congreso y Senado.

La intención de Pastor, según ha asegurado ella misma, no era alargar más el proceso, sino que los propios letrados de la Cámara corrigieran los problemas técnicos en la resolución.