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Polémica

Subdelgación del Gobierno pide al Ayuntamiento de Cádiz que retire la bandera republicana

El consistorio colocó la bandera de la República en un lugar público, algo que reconoció tras varias peticiones de información por parte de la Subdelegación del Gobierno

Bandera republicana
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La Subdelegación del Gobierno en la provincia de Cádiz ha requerido al Ayuntamaiento de Cádiz la retirada inmediata de una bandera republicana en la plaza de la Constitución de la ciudad de Cádiz.

Dicha colocación ha sido iniciativa del Ayuntamiento de la capital, que tras dos peticiones de información en el día de ayer y en el de hoy por esta Subdelegación del Gobierno de España en Cádiz, este mediodía ha reconocido que la ha colocado por unas jornadas organizadas por su Delegación Municipal de Memoria Democrática.

En cuanto se tuvo noticia del hecho en sí, desde esta Subdelegación del Gobierno se requirió al Ayuntamiento gaditano a que informara con carácter inmediato sobre la autoría de dicho izado, bien si correspondiera al propio Ayuntamiento o a una iniciativa privada y, en este caso y por haber sido colocada en una zona municipal, se instaba además a la identificación de los responsables de estos hechos.

Este requerimiento se ha reiterado en la jornada de hoy miércoles, reconociendo en un escrito el propio Ayuntamiento que ha sido a iniciativa municipal.

Ante ello, se ha requerido oficialmente que de forma inmediata, se proceda a retirar dicha enseña y a dar traslado del acuerdo plenario en el que se aprueba la colocación de la misma.

En este sentido, se considera que dicha colocación vulnera el principio de objetividad y de neutralidad que debe regir la actividad de todas las administraciones públicas. Conforme al artículo 103 de la Constitución Española, «la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales». Y en los mismos términos se expresa el artículo 6.1 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación a las entidades locales, al disponer que las mismas «sirven con objetividad los intereses públicos que les estén encomendados y actúan con sometimiento pleno a la ley y el derecho».

Caso de hacer caso omiso a este requerimiento se ejercitará acción ante los tribunales de justicia.

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