El Tribunal de Cuentas ha detectado varias "insuficiencias, defectos y carencias" en los procedimientos de contratación realizados por el ahora desaparecido Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama).

El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el "Informe de fiscalización de la contratación celebrada en 2014 por el MAPAMA y sus organismos dependientes, y su ejecución hasta 2017", una fiscalización que se ha realizado a iniciativa del propio Tribunal.

Así, el Tribunal de Cuentas ha observado que en la fase de preparación de los contratos se han detectado "insuficiencias" en los informes preceptivos que justifican la necesidad de la contratación, así como en la estimación de los presupuestos de licitación de los contratos, y ha concluido que éstos "no han sido elaborados con el rigor exigido por la legislación vigente".

Ha analizado también la realización de grandes proyectos de obras de infraestructuras (como presas, embalses o canales) que llevaron aparejadas importantes inversiones durante largos periodos de tiempo.

El Tribunal de Cuentas ha observado la existencia de una serie de "defectos o carencias" en los proyectos iniciales, "falta de previsión" y descoordinación entre administraciones, además de la ausencia de informes o actuaciones que son preceptivas y que han ocasionado "importantes" alteraciones en el ritmo de ejecución, en su coste final y en su rentabilidad social.

La fiscalización realizada por el Tribunal de Cuentas ha constatado además que en el caso de los procedimientos abiertos solo hubo, "en general", un único criterio para la adjudicación, el precio, y que cuando se incorporaron otros criterios de valoración "tuvieron un peso específico poco significativo".

Esta circunstancia se produjo incluso en contratos que requerían el empleo de tecnología especialmente avanzada, una ejecución particularmente compleja o que pudieran tener un impacto significativo en el medio ambiente, según el Tribunal de Cuentas, que ha recordado que en estos supuestos la legislación prevé que se puedan tener en cuenta otros criterios de valoración de carácter técnico, distintos del precio.

El informe señala también que algunas Confederaciones Hidrográficas (cita las del Ebro, Tajo, Guadalquivir y Miño-Sil) utilizaron de forma "inadecuada" la tramitación urgente y la de emergencia de los expedientes, y que en muchos casos esa urgencia "no quedó suficientemente acreditada".