La empresa Indumetal Recycling ha negado la existencia de prácticas ilegales en su planta de Erandio (Bizkaia) y ha asegurado que en su actividad para el tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos cumple todos los parámetros de seguridad y protección del medio ambiente y la salud de las personas.

La Dirección General de la Guardia Civil informó el pasado sábado de la operación "Hondakina", llevada a cabo por agentes del Seprona en colaboración con Europol y coordinada por la Fiscalía de Medio Ambiente, en la que se investiga a esta empresa dedicada a la gestión de residuos de aparatos eléctricos y chatarra electrónica por la gestión irregular de los mismos.

Fuentes próximas al caso indicaron que esta empresa empezó a ser investigada en julio de 2015 por una supuesta gestión irregular de los residuos, sobre todo de los denominados "cabezones" (los televisores y ordenadores de tubo, es decir, los que no tienen pantalla plana).

La empresa investigada, añadieron las mismas fuentes, podría haber estado vertiendo residuos procedentes de lixiviados y moliendas a la ría que está próxima o al alcantarillado, con el consiguiente riesgo de contaminación, así como para la salud de sus trabajadores, que operaban en contacto con diversos contaminantes sin las medidas adecuadas de protección.

En un comunicado hecho público hoy, la empresa señala que las investigaciones tienen su origen en una denuncia anónima, y en ningún caso se fundamentan en una actuación de oficio de la Guardia Civil ni "en episodios que pudieran mostrar indicios de daños al entorno o a la salud de las personas, consecuencia de la actividad de la planta".

Asegura la empresa que desde que tuvo conocimiento de la investigación, en febrero de 2017, ha mantenido una "total colaboración" en este proceso de investigación que aún sigue en fase de diligencias previas, por lo que "en ningún caso se puede afirmar que existan prácticas ilegales ni, por supuesto, delito ninguno contra el medio ambiente o las personas".

Indumetal Recycling afirma que es falso que diez miembros de su equipo técnico y directivo hayan sido puestos a disposición de la autoridad judicial, tal como informó la Guardia Civil, que calcula que la compañía podría gestionar 2.000 toneladas de residuos sin cumplir con los requisitos legales para ello, a pesar de estar autorizada para llevar a cabo esa gestión y cobrar por ello.

Según la empresa, estas personas "únicamente han sido citadas por la Guardia Civil para tomarles declaración en el marco de la citada investigación".

Respecto a la importación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), señala que nunca ha importado ni un solo televisor de tubo de rayos catódicos.

Según la empresa, todos los criterios de gestión y las tecnologías que emplea son "las adecuadas y responden a las mejores técnicas disponibles actualmente en el sector para tratar los residuos".

Su actividad, afirma la compañía, no ha estado nunca incursa en ningún expediente sancionador por parte de ninguna administración, y se ha desarrollado "siempre bajo los parámetros de cumplimiento de la legalidad, y particularmente de la seguridad, la protección del medio ambiente y de la salud de las personas" que se exigen en el sector.

Indumetal considera "prioritaria" la protección del medio ambiente y, de forma especial, la salud de los trabajadores, por lo que realiza mediciones periódicas sobre el impacto de su actividad en ambos aspectos con resultados "satisfactorios en todos los casos".

En este sentido, recuerda que dispone de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que concede el Gobierno Vasco y que ha sido renovada en diciembre de 2017.

La empresa anuncia que, ante las informaciones publicadas sobre este asunto, solicitará el amparo judicial y estudiará la adopción de las medidas que considere más apropiadas para garantizar su derecho a la defensa.