(Actualiza la noticia NA1045 con nuevos datos sobre la reunión de mañana)

Once meses después del último trasvase, el Gobierno estudiará mañana un nuevo trasvase del Tajo-Segura una vez que la comisión técnica, el organismo encargado de evaluar la situación real de los embalses de cabecera, Entrepeñas y Buendía, dé el visto bueno.

La Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura analizará las existencias de agua acumulada y determinar, si procede, un trasvase debido a que los pantanos de Entrepeñas y Buendía sobrepasan en la actualidad los 400 hectómetros cúbicos, el umbral mínimo para trasvasar.

Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente han precisado a Efe que el resultado de la reunión no se conocerá, previsiblemente, hasta su publicación en el BOE, en los siguientes días, debido a que la Comisión deberá formular una propuesta y ser autorizada por el Ministerio.

Las comunidades de regantes de la Comunidad Valenciana demandan un trasvase de 20 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura durante este mes, once de ellos para el campo y el resto para el consumo urbano.

Según datos facilitados por la Confederación Hidrográfica del Tajo, durante el mes de marzo, y debido a la sucesión de borrascas que han afectado a casi toda España, la reserva de agua de la cuenca ha aumentado en un total de 2.765 hectómetros cúbicos, lo que equivale a un 25 por ciento de su capacidad.

Sólo durante la última semana, la reserva ha aumentado en 190 hectómetros cúbicos hasta llegar a 6.908 hectómetros cúbicos, y de esta manera, los pantanos de Buendía (Cuenca) y Entrepeñas (Guadalajara) almacenan 245 y 186 hectómetros cúbicos respectivamente, una suma de 431 hectómetros cúbicos.

El Memorándum del Tajo-Segura, suscrito en 2013, establece la posibilidad de transferencias de caudales cuando Entrepeñas y Buendía sumen 400 hectómetros cúbicos, cantidad mínima que se ha sobrepasado con las lluvias caídas las últimas semanas.

La última semana, la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, aseguró que el Gobierno ha subido las "garantías" para la cuenca cedente y no se puede trasvasar si no hay al menos 400 hectómetros cúbicos, "por eso durante todo este tiempo y para dar más agua a la cuenca cedente no ha habido trasvase".

Para la titular de medioambiente, la norma con rango de Ley que rige el funcionamiento del trasvase es "objetiva y transparente", está "perfectamente reglada" y el Gobierno lo cumple "en su literalidad y sin arbitrariedades".

Asimismo recordó que dicho Memorándum, aprobado con el consenso de las cinco comunidades autónomas implicadas (Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y Comunidad de Madrid), da prioridad a la cuenca cedente.

El último trasvase se autorizó el pasado 10 de mayo de 2017, con un total de 7,5 hectómetros cúbicos, ya que después de esa fecha, y como consecuencia de la escasez de precipitación entre otras causas, los embalses se quedaron por debajo de los 400 hectómetros cúbicos de agua almacenada.

Las reglas de explotación del trasvase establecen, en función de las existencias en los embalses de Entrepeñas y Buendía a comienzos de cada mes, 4 niveles para la realización de los trasvases, con un máximo anual de 650 hectómetros cúbicos en cada año hidrológico (600 para el Segura y 50 para el Guadiana).

En caso de autorizarse mañana un nuevo trasvase, este no podrá superar los 20 hectómetros cúbicos y, siempre dentro de un escenario de situación "hidrológica excepcional", el órgano competente podría autorizar "de forma motivada" un trasvase de esa cantidad.

Con motivo del 39 aniversario de la puesta en marcha del trasvase, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page aseguró este fin de semana que la infraestructura de dicho trasvase "no habría sido posible" en democracia porque "los ciudadanos podrían haber dado su opinión antes y de manera libre".

Además hizo hincapié en la solidaridad que los castellanomanchegos y, en especial los habitantes ribereños de los pantanos de Entrepeñas y Buendía, han demostrado durante casi cuatro décadas con las comunidades beneficiarias del Levante, tras la obra "ideada y construida en época franquista".