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INCENDIOS FORESTALES (Previsión)

Fiscalía no ve tramas criminales en los incendios de Galicia de octubre

El informe de la Fiscalía sobre los incendios forestales registrados a mediados de octubre pasado en Galicia concluye que en ellos no hay ni tramas criminales ni terroristas y rechaza un aumento de las penas de prisión para los autores de los fuegos por considerarlas suficientes.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 06 abr 2018

El informe de la Fiscalía sobre los incendios forestales registrados a mediados de octubre pasado en Galicia concluye que en ellos no hay ni tramas criminales ni terroristas y rechaza un aumento de las penas de prisión para los autores de los fuegos por considerarlas suficientes.

Así lo ha puesto de manifiesto hoy el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, en su intervención ante una comisión del Parlamento autonómico que analiza las causas para determinar soluciones y prevenir y acabar con las olas de incendios que periódicamente arrasan los montes gallegos.

Entre el 8 y el 15 de octubre hubo 352 incendios en Galicia que quemaron 47.000 hectáreas de zonas forestales y dejaron, además, cuatro víctimas mortales.

Suanzes ha destacado las condiciones extremas de temperatura y humedad, ha apuntado que del 61 al 87,7 % de los fuegos, según los cálculos de una u otra institución, muestran indicios de intencionalidad y que las investigaciones establecen que, de 31 sospechosos, 12 son por prender fuego para limpiar terrenos de matorrales y 14 por actitudes pirómanas.

También ha indicado que múltiples "rumores" sobre incendiarios se propagaron por las redes sociales telemáticas y generaron "situaciones de alarma y pánico", pero las investigaciones posteriores mostraron que eran producto de meras "sospechas" y "opiniones".

El informe advierte que de las investigaciones efectuadas en los lugares quemados "no se pudo determinar" que los incendios "obedezcan a una iniciativa criminal compleja de grupos de personas u organizaciones que actúen de forma coordinada o planificada y que persigan objetivos supraindividuales".

Suanzes ha dicho que la Fiscalía no utiliza la fórmula de tramas en su lenguaje y ha opinado que calificar la situación de "terrorismo incendiario" puede ser usado "desde un punto de vista vulgar, ordinario o común", pero "desde un punto de vista estrictamente jurídico no es terrorismo".

Ha destacado que el Código Penal tipifica el terrorismo cuando concurren circunstancias tales como "subvertir el orden constitucional" hasta el punto de "provocar un estado de terror entre la población".

El fiscal superior de Galicia ha respondido así a preguntas de los diputados autonómicos sobre las declaraciones del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que el pasado 16 de octubre pidió no relativizar la situación alegando que era "terrorismo incendiario" y a que Galicia no quiere "ningún tipo de terrorismo".

El director general de Emergencias de la Xunta, Luis Menor, que también intervino en la comisión, ha remarcado que como "profesional del Derecho" prefiere "no entrar en esa cuestión", pero ha asegurado que la expresión "se puede entender como coloquial".

El fiscal superior de Galicia ha señalado que los incendios de octubre pasado parecen más obra de individuos que actuaron de manera aislada y no de forma concertada o coordinada.

El informe concluye que de las investigaciones efectuadas en los lugares quemados "no se pudo determinar" que los incendios "obedezcan a una iniciativa criminal compleja de grupos de personas u organizaciones que actúen de forma coordinada o planificada y que persigan objetivos supraindividuales".

Suanzes ha reiterado que la Fiscalía no desea una endurecimiento de penas contra los autores de incendios por considerar que la actual legislación, que establece condenas de hasta 10 años de reclusión y pueden alcanzar hasta 20 años en caso de muerte de personas, son "suficientes".

Varios diputados de la oposición han expresado sus quejas en el Parlamento gallego al haber acudido a la comisión el fiscal superior de Galicia en lugar del fiscal especializado en Medio Ambiente, y que no fuese tampoco el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva.

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