Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución enviarán un requerimiento a los ayuntamientos, consejos comarcales y diputaciones adheridas a la AMI, para que devuelvan las cuotas pagadas a la entidad. Advierten con acudir al Tribunal de Cuentas si no se dan de baja de la entidad, porque están destinando "dinero público a fines privados".

Calculan que la AMI habría recibido cerca de 22 millones de euros procedentes de fondos públicos, desde su fundación en 2011. Según el Portavoz de Abogados Catalanes por la Constitución, Ramón de Veciana, la entidad independentista ha destinado estos recursos que provienen de los consistorios a "la promoción de rebelión y la sedición". Por ello, considera que los alcaldes, secretarios e interventores locales deberán ser los responsables de resarcir a las arcas municipales el total de las cuotas abonadas. De Veciana insiste en que las cuentas de la AMI son "opacas" y sostiene que existe la posibilidad "de que este dinero se esté destinando a finalidades que no cumplen la ley".

Además, SCC sospecha que la AMI ha invertido parte del dinero para sufragar la estancia del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el extranjero. Eso sí, reconocen "no tener una prueba concreta de ello". El presidente de SCC, José Rosiñol, ha lamentado que los partidos independentistas pongan en juego las instituciones catalanas "por una ensoñación contemporánea".