El texto, que ha contado con el respaldo de los grupos que presentaron la moción, y el voto en contra de Trato Ciudadano, ha reafirmado el compromiso de la Diputación con los municipios de la provincia, a la hora de facilitar el asesoramiento técnico necesario y “para velar por el cumplimiento estricto de la legislación vigente”.

El texto también solicita a todos los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados la revisión de la legislación estatal en materia minera, en concreto la Ley 22/1973 de 21 de julio, con el objetivo de que “todos los elementos” descritos en la moción “se incorporen” a la tramitación de proyectos mineros.

El pleno ordinario de la Diputación de Ávila también ha aprobado, con el voto en contra de IU y de Trato Ciudadano, una moción en la que la institución manifiesta su apoyo a la ejecución de las obras de mejora de la AV-500/SG-500 e insta a la consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León a que se cumplimente “a la mayor brevedad posible” y “desde el respeto escrupuloso a la normativa vigente”.

Asimismo, recibió el apoyo unánime una moción transaccional, presentada por el Grupo Socialista, por la que la Diputación se compromete a continuar la labor que se está desarrollando en la finca El Colmenar para el fomento y mejora de la calidad genética de la raza avileña negra ibérica. El texto incluye trasladar este acuerdo a la Comisión Informativa de Desarrollo Rural para fijar los criterios a seguir para aplicar ayudas a este respecto.

El pleno de la Diputación también ha aprobado, por unanimidad, la moción presentada por Trato Ciudadano por la que solicita al Gobierno central instar a las empresas de telecomunicaciones a cumplir con el objetivo marcado por la Agenda Digital Europea. Además, la Diputación solicitará la fijación de un calendario de obligado cumplimiento que favorezca la implantación gradual y efectiva de conexiones de 30 Megabytes. Jesús Caro es el portavoz del grupo socialista.

Por otra parte, el pleno ha rechazado una moción presentada por IU en la que se solicitaba instar a la Junta a la distribución, mensualmente, del 10 por ciento de los impuestos directos de la participación de los impuestos de las Comunidades Autónomas (PICAS) que corresponda a cada municipio.