El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (UE) ha señalado que el plan de pago básico a agricultores (BPS) introducido en la reforma de la Política Agraria Común (PAC) de 2015, tiene “fallos inherentes”.

Los auditores consideran que aunque el programa se encuentra en funcionamiento, sus niveles de “simplificación, focalización de los pagos y convergencia de las ayudas son limitados” y señalan la complejidad del proceso como uno de los elementos a mejorar.

El BPS ofrece una renta básica a los agricultores con el objetivo de fomentar una producción alimentaria viable en toda la UE y tiene un presupuesto anual de cerca de 18.000 millones de euros destinados a cuatro millones de agricultores.

El informe del Tribunal señala que, a pesar de ser un instrumento fundamental para los agricultores europeos, el modelo ha recibido diversas críticas por su complejidad e inconcreción.

“La simplificación fue un principio clave en la reforma de 2013, pero las normas del BPS siguen siendo muy complejas”.

La reforma de 2013 amplió las categorías de cosecha que podían beneficiarse de estos pagos debido a que cada Estado miembro tenía su propia definición de “tierra agrícola” y “tierra de actividad agrícola” para que las ayudas fueran dirigidas principalmente a agricultores activos. Sin embargo, según el informe, este cambio provocó “importantes problemas de implementación”.

Además, el Tribunal de Cuentas subrayó que un modelo de pagos basado en el tamaño de las explotaciones y no en los ingresos, fomenta que las ayudas se dirijan a las grandes explotaciones.