"Tuvimos que luchar cada paso para evitar los intentos de vigilancia por parte del Gobierno de EE.UU. En un momento dado, el Gobierno nos amenazó con imponernos una multa diaria de 250.000 dólares si rechazábamos obedecer", indicó en una entrada en el blog de la compañía el Jefe de Asuntos Jurídicos de Yahoo, Ron Bell. Los hechos se remontan a 2007, cuando el Gobierno estadounidense enmendó una ley para poder solicitar información sobre los usuarios de servicios online, una petición que Yahoo consideró "inconstitucional", por lo que se negó a facilitar los datos que se le pidieron y recurrió al Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de EE.UU. (FISC por su sigla en inglés). Yahoo, que durante ese tiempo recibió las "amenazas" por parte de la administración, perdió el caso y finalmente se vio forzado a compartir los datos que el Gobierno le pedía, pero, según cuenta Bell, centró entonces sus esfuerzos en lograr que el archivo del caso fuese desclasificado y pudiese ver la luz pública para probar las presiones del Gobierno, algo que finalmente ha logrado. "Luchamos para desclasificar el caso y para hacer pública la investigación", indicó Bell, quien garantizó que ahora que el FISC ya ha desclasificado las 1.500 páginas sobre el caso, Yahoo está trabajando para que éstas pasen a estar disponibles para poder ser consultadas por el público general. El programa PRISM de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), cuya existencia se dio a conocer al público a través de las filtraciones del exanalista de la NSA Edward Snowden en 2013, establece la obligación para las empresas tecnológicas de compartir con el Gobierno información sobre sus usuarios. Además de Yahoo, otras grandes empresas estadounidenses facilitaron información a la NSA en el marco de este programa, entre ellas Google, Facebook, Apple, AOL y Microsoft. "Tratamos la seguridad pública como un asunto muy serio, pero también estamos comprometidos con la protección de los datos de nuestros usuarios. Seguiremos enfrentándonos a aquellas peticiones y leyes que consideremos ilegales, poco claras o exageradas", concluyó Bell.