En pleno debate sobre el estado de la nación le ha llegado al Gobierno una reclamación de Cáritas Española que tiene carecer de urgencia: poner fin, mediante una ley justa, al drama de las personas sin vivienda, que crece a medida que aumentan las viviendas sin personas. Es la constatación de una dramática realidad que contrasta con el derecho fundamental recogido en el artículo 47 de la Constitución. Todo ello se ve agudizado por el número creciente de desahucios como consecuencia de la crisis. Para Cáritas este problema no puede abordarse desde una concepción meramente economicista, sino desde le perspectiva de la función social y humana de la vivienda. La petición de Cáritas se une a la Iniciativa Legislativa Popular que llegó al Congreso la semana pasada para que se tramite por consenso una ley que evite la pérdida de la vivienda habitual mediante una moratoria de las ejecuciones hipotecarias y la dación en pago con efectos retroactivos. La indignación que están provocando los desahucios y que está por encima de consideraciones ideológicas aunque la izquierda haya pretendido apropiársela, se podría haber mitigado si en al estallar la burbuja inmobiliaria las constructoras y los bancos se hubieran puesto de acuerdo para dar un uso social al millón de viviendas que aún siguen vacías. El reciente Fondo Social de la Vivienda así como la activación del alquiler social y la paralización de los desahucios en casos extremos, dispuestos por el actual Gobierno, han venido a paliar el problema. Pero han llegado tarde y son necesarias medidas de choque tal como acaba de proponer Cáritas.