La campaña electoral que hoy concluye ha puesto en evidencia la necesidad de que la sociedad española afronte con serenidad y valentía uno de los rasgos de la degradación del tejido social y de la pérdida del sentido de la participación democrática. Los reiterados actos de acoso, amenaza y violencia que se han producido durante la campaña contra los candidatos de diversas formaciones políticas, como el ocurrido ayer en Granada con el ministro Alberto Ruiz Gallardón por parte de un grupo abortista, son una muestra más de la conflictividad que generan algunas ideologías que se han radicalizado para sobrevivir. Ideologías que desprecian una concepción integral de la política basada en el ejercicio público de la razón y en la capacidad de diálogo para alcanzar acuerdos que beneficien a todos. La violencia contra los políticos, en particular contra los que representan al gobierno, como quedó patente en el caso ocurrido en Barcelona contra el ministro Montoro y la líder del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, no es la consecuencia natural del malestar ante la situación económica y social o ante los casos de corrupción. El acoso sistemático al que se pretende someter a los miembros del Gobierno es una forma nefasta de hacer oposición, que se agudiza por el silencio cómplice del partido socialista. Esta es una dinámica con la que todos saldremos perdiendo.