El treinta y cinco aniversario del referéndum por el que los españoles nos otorgamos la Constitución es un buen momento para recordar que la estabilidad política de la Constitución depende, como bien ha aclarado la más acreditada doctrina jurídica, de factores externos al texto como el pacto y la generosidad sobre la que se formuló, las actitudes políticas, el papel de los partidos y la voluntad de una sociedad que siga apostando por una convivencia en paz y libertad. Como toda obra humana la Constitución de 197 no es perfecta. No es un texto cerrado que no se pueda reformar según el discurrir de la historia. Sin embargo ha sido la Ley de leyes garante del desarrollo y del progreso social y económico de una España que ha vivido en paz y en libertad, creando el marco para un Estado democrático y de derecho. Resulta algo más que frívolo dictaminar, como hacen algunos, que   han caducado sus líneas maestras, como el papel moderador de la Monarquía, la configuración territorial o las relaciones entre la Iglesia y el Estado. La gran mayoría de la sociedad española apuesta con buen juicio por preservar, con las debidas actualizaciones, nuestro texto constitucional, frente a intereses particularistas y egoístas que atentan contra el bien común. El espíritu que hizo posible la Carta Magna debe protegerla ahora de quienes la asedian y pretenden vaciar de contenido. Pero esa es tarea de toda una sociedad.