El pasado día 30, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital balear ordenó al duque de Palma y a Torres aportar, de forma solidaria, 8.189.448,44 euros en concepto de fianza de responsabilidad civil por las posibles responsabilidades que pudieran atribuirse a ambos en el caso Nóos. La cifra, que se ajusta con exactitud a lo que habían solicitado la Fiscalía y la acusación popular que ejerce el Sindicato Manos Limpias, corresponde a los fondos públicos de Baleares y la Comunidad Valenciana percibidos por Nóos entre 2004 y 2007 por diversos contratos presuntamente irregulares, más un tercio añadido de esa cantidad como se hace habitualmente en cálculos procesales. El auto en el que Castro dictó la fianza abrió también el periodo para que los abogados de Urdangarin y Torres presenten recursos contra la decisión, aunque estas acciones de la defensa de los principales imputados del caso no paralizan la obligación de depositar la caución por responsabilidad civil. Si en la medianoche de mañana el marido de la infanta Cristina y su exsocio no hubieran satisfecho la fianza, el Juzgado puede iniciar el proceso conocido como "apremio" e iniciar los trámites para proceder al embargo de sus bienes hasta cubrir los casi 8,2 millones de euros. Según han indicado fuentes judiciales, la pasada medianoche concluyó el plazo para que los afectados presentaran recurso de reforma contra la fianza al propio juez Castro, aunque tienen toda la jornada de hoy y de mañana para interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. En el auto en el que impuso la fianza, el juez instructor del caso Nóos señaló que en la causa hay "más que suficientes indicios de criminalidad" en la actuación de Urdangarin y Torres al frente del Instituto Nóos. Apuntó a la comisión por parte de ambos de los delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración y tráfico de influencias en varios de los convenios que suscribieron a través de Nóos. En el auto, Castro detalló numerosas irregularidades en los convenios firmados entre el Instituto Nóos y las administraciones públicas, que calificó de "transgresiones palmarias" de la ley. Además acusó a los principales imputados de crear la entidad como supuesta asociación cuando estaba presidida por un "desmedido ánimo de lucro".