La desorientación en el discurso público del nacionalismo en Cataluña y el País Vasco adquiere en ocasiones tintes que rozan lo ridículo. Las declaraciones de la Consejera de Educación y Cultura del Gobierno Vasco, Cristina Uriarte, calificando a los niños y adolescentes españoles nacidos fuera del País Vasco, que viven allí y no saben euskera, como “inmigrantes extranjeros” es a la par ridículo e irresponsable. La ética y el decoro institucional obligan a la consejera del Gobierno de Urkullu a presentar su dimisión irrevocable.Calificar a los niños nacidos en cualquier región española como inmigrantes en el País Vasco es un insulto a la realidad, una deslealtad institucional y un principio de discriminación contrario al Estado de Derecho. Las declaraciones de la Consejera vasca de Educación no son una anécdota y obligan al Lehendakari Urkullu a pronunciarse, porque hacen pensar que detrás de la apariencia de sensatez y pragmatismo que recubre su Gobierno, se esconde un proyecto de exclusión. Los gobernantes tienen que asegurar en el País Vasco, como en cualquier otro lugar de España, la normal convivencia y el ejercicio de las libertades básicas, también la lingüística. Por desgracia el discurso del Rey Felipe VI sobre una España unida y diversa, en la que caben todas las sensibilidades, encuentra los oídos cerrados de costumbre.