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Por la denegación de una licencia de obras en 1999

El TSJCV condena a Peñíscola a pagar 700.000 euros por una sentencia urbanística

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha resuelto el litigio entre Construcciones Castellon 2000 SAU y el Ayuntamiento de Peñíscola, con fecha octubre de 2013, compensar a la constructora por la demora en la concesión de la licencia de obras que la mercantil solicitó al consistorio en 1999.

Siendo alcalde independiente el actual concejal de EU en el Ayuntamiento, Rafael Serrat, la administración local resolvía con fecha de agosto de 1999 denegar una licencia de obras a la citada constructora, para un edificio de 72 apartamentos en la Urbanización Cerromar, con todos los informes técnicos en contra de la concesión de la licencia y un único informe favorable.   El Ayuntamiento decide nuevamente denegar el recurso de reposición interpuesto por la empresa en septiembre de 1999, lo que motiva una denuncia por parte de la mercantil solicitante. En 2003 los tribunales declaran nula la denegación de la sentencia, resolución que el ejecutivo local recurre al Tribunal Supremo que, finalmente, resuelve obligar al consistorio a conceder la citada licencia, acogiéndose al único informe técnico favorable redactado por uno de los arquitectos municipales.   En junio de 2006 la Junta de Gobierno Local concede la licencia acatando la sentencia del Supremo y la empresa beneficiaria decide demandar al Ayuntamiento por el supuesto perjuicio que le causa la demora en la concesión. Construcciones Castellón 2000 SAU solicita 14 millones de euros al Ayuntamiento de Peñíscola como compensación y la defensa del consistorio consigue rebajar la cifra hasta los 2,7 millones de euros a los que es condenado en 2011.   Cifra que el gobierno local considera injusta y recurre al TSJCV, recurso que se resuelve en octubre del pasado año reduciendo la aportación que las arcas municipales deben hacer a la mercantil como compensación hasta los 733.331,31€.   En estos momentos el consistorio está pendiente de cerrar una cita con los servicios jurídicos de la empresa demandante para “negociar la fórmula de pago para el acatamiento de la sentencia” ha comunicado Romualdo Forner, concejal del área de Urbanismo en el consistorio, que ha asegurado que el actual ejecutivo “cumple y cumplirá escrupulosamente con sus obligaciones legales”.   El Ayuntamiento de Peñíscola ya está pagando, en estos momentos, una anterior sentencia derivada de una infracción cometida por  el ayuntamiento gobernado por el mismo alcalde por la que las arcas municipales deberán desembolsar alrededor de seis millones de euros que, sumados a los 700.000 ahora pendientes, suman una cifra que roza los siete millones de euros.

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