El Tribunal de la Audiencia Nacional ha absuelto a las 19 personas detenidas por su asedio al Parlamento de Cataluña el 15 de julio de 2011. Los delitos que se les imputaban a los encausados eran los de atentado, asociación ilícita y daños contra las instituciones del Estado. El fiscal general del Estado, durante el Pleno del Consejo Fiscal anunció que el Ministerio Público recurrirá esta sentencia ante el Tribunal Supremo dada la gravedad de los hechos. También el Parlamento de Cataluña está decidido a recurrir, sumándose al voto particular que contra la absolución ha expresado el juez Grande Marlaska.Se abre a partir de ahora un proceso de recursos que afectan a cuestiones penales y procesales que solo el Alto Tribunal es competente para resolver. Pero aparte de esta trascendente cuestión jurídica, se plantea un debate que afecta al conjunto de la sociedad.El disenso y la indignación social se expresan a través de la libertad de expresión y manifestación. Así sucede en las democracias que funcionan sostenidas sobre el Estado de Derecho. Sin embargo los derechos civiles y políticos no son absolutos ni ilimitados. La democracia tiene el deber de defenderse frente a aquellos que consideran la violencia contra las instituciones políticas justa y necesaria. Esto es lo que verdaderamente está en juego, y sobre ello la sociedad y la política deben decir una palabra clara, para plantear, si fuera necesario, cambios en la normativa actual.