La encrucijada en la que se encuentra el Parlamento de Cataluña desde el inicio de la presente legislatura, el 17 de enero de 2018, podría estar próxima a resolverse. Este lunes el presidente de la Cámara autonómica, Roger Torrent, ha propuesto formalmente como candidato a presidir la Generalidad a Jordi Sànchez, el exlíder de la ANC, en prisión provisional desde el pasado mes de octubre por la presunta comisión de los delitos de rebelión y sedición con ocasión del referéndum del 1 de octubre.

El número dos de la lista de Junts per Cataluña, que se incardinó detrás de Puigdemont, podría abrir las puertas al desbloqueo de la política catalana, aunque sea para disolver el Parlamento y forzar la celebración de nuevos comicios.

De momento, dos son los obstáculos principales que Sànchez tiene que sortear si quiere resultar elegido presidente: el primero, convencer al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena para que le permita salir de la prisión de Soto del Real y asistir al debate de investidura, pues como dispone el artículo 146 del Reglamento y apuntaló el Tribunal Constitucional, el candidato debe presentar en el Parlamento el programa de gobierno y solicitar la confianza del Pleno; y el segundo, lograr el apoyo de la CUP para alcanzar los 68 diputados que suman la mayoría absoluta de la Cámara.

LA OPOSICIÓN DE LA CUP

Salvo un nuevo giro de guión, este escenario resulta bastante inverosímil, pues la CUP ya ha manifestado que no apoyará la candidatura de Jordi Sànchez hasta que republicanos y convergentes desobedezcan de nuevo las resoluciones del Tribunal Constitucional y permitan al expresidente y al exconsejero Toni Comín, también fugado, votar de forma delegada. Un brete por el que Roger Torrent no parece dispuesto a pasar, consciente de que dicha actuación lo colocaría en el disparadero procesal por la comisión de un delito de desobediencia a las resoluciones judiciales, tal y como aconteció con su predecesora, la hoy investigada Carme Forcadell.

Lo que sí resulta bastante probable es que el pleno de investidura para elegir al nuevo presidente, convocado para el día 12 de marzo –según ha adelantado este martes la defensa de Sànchez en un escrito en el que pide autorización judicial para asistir al hemiciclo- permita resolver el atolladero en el que se encuentra la política catalana.

DOS MESES PARA NUEVAS ELECCIONES

Según dispone el artículo 67.3 del Estatuto de Autonomía de la comunidad, “si una vez transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura, ningún candidato o candidata es elegido, el Parlamento queda disuelto automáticamente”, lo que daría pie al Gobierno de la nación a convocar elecciones de forma inmediata en aplicación del artículo 155 de la Constitución, las cuales tendrían que celebrarse entre cuarenta y sesenta días después de dicha convocatoria.

Y es que, si bien sería necesario que en la votación prevista para el día 12 Jordi Sànchez consiguiese mayoría absoluta para ser proclamado presidente -lo que a día de hoy es difícil dada la negativa de la CUP-, podría intentarse de nuevo una segunda votación en la que solo se exigiría mayoría simple, y así tantas veces dentro del plazo de esos dos meses. No obstante, salvo que CS, PSC, PP o los Comunes se abstuviesen, los independentistas tampoco alcanzarían en esa segunda y ulteriores vueltas mayoría simple, pues el bloque no independentista aúna 65 diputados frente a los 64 de Esquerra y Junts per Cataluña, que si bien obtuvieron 66 en las elecciones de diciembre, ni Puigdemont ni Toni Comín pueden votar al haberse sustraído de la justicia. En consecuencia, los catalanes serían llamados de nuevo a las urnas.

No obstante, pudiera ocurrir que el magistrado Pablo Llarena denegase la salida de Jordi Sànchez de prisión para asistir al debate de investidura, en cuyo caso Roger Torrent podría aplazar el pleno y esos dos meses no empezarían a correr, tal y como sucedió en enero con la investidura de Carles Puigdemont. Este escenario colocaría de nuevo la política catalana en un callejón sin salida, al menos hasta que el presidente de la Cámara presentase a un candidato alternativo.