El pasado 17 de enero el republicano Roger Torrent era elegido presidente del Parlamento de Cataluña en una sesión que la prensa tildó de “tranquila”, al menos en comparación con los altercados –y atropellos- que se viven en la cámara autonómica desde que los independentistas optaron por la vía ilegal para proclamar la independencia. Hoy, un mes después, el Parlamento continúa bloqueado, sin autonomía ni autogobierno, intervenido por el Estado debido a la decisión de su presidente de mantener a Carles Puigdemont como candidato a la investidura.

Dos colores arrancaron aquella jornada: el amarillo de los grandes lazos que se colocaron en señal de apoyo a los diputados encausados por el 1 de octubre, autodenominados presos políticos en lugar de políticos presos –y aquí el orden de los factores sí importa-; y el blanco, que representó la abstención de los comunes en la votación de investidura –negándose a apoyar al candidato propuesto por Ciudadanos, José María Espejo. También fue el color del voto de un diputado del bloque constitucionalista –de CS, PSC o PP- que a día de hoy se desconoce si fue díscolo o despistado.

Con la aritmética a favor, Roger Torrent se hizo con la representación del Parlamento en segunda votación con 65 síes frente a los 56 de Espejo. Tras ello pronunció un discurso que prometía “coser la sociedad catalana”, dando al traste con las soflamas de su antecesora, la hoy investigada Carme Forcadell. Todo parecía que pretendía dar portazo a la quimera de la Cataluña republicana para recuperar la autonomía.

Coser la sociedad catalana

Sin embargo, apenas tardó en proponer al expresidente a la fuga, Carles Puigdemont, como candidato a presidir la Generalidad -que para sustraerse de la acción de la justicia huyó a Bruselas cuando el Gobierno aplicó el 155-. Para investirlo abogó por el voto delegado, lo que chocó con el informe de los letrados del Parlamento autonómico, que señalaron que ni investidura telemática –el presidente en Cataluña- ni voto mediante tercero. Aun así, Torrent rubricó la convocatoria del pleno para hacer presidente a Puigdemont, lo que movilizó al Ejecutivo a recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Para ello tuvo que recabar un informe del Consejo de Estado, que se manifestó en contra de los motivos invocados por el Gobierno de Rajoy justificando que se basaban en meras “hipótesis”. Como el mismo era obligatorio -que no vinculante-, el recurso entró a tiempo en el Constitucional.

Los magistrados se reunieron un sábado a primera hora para estudiarlo, y tras un día entero deliberando –y limando no pocas divergencias- finalmente decidieron suspender cautelarmente la investidura del expresidente. En la misma resolución también advirtieron a Torrent y a los miembros de la mesa del Parlamento de las consecuencias penales que comportaría eludir su decisión.

Vistos los antecedentes de Forcadell, el presidente de la cámara autonómica decidió aplazar el pleno hasta que Puigdemont pudiera tener una investidura efectiva. Según dijo, “ni la vicepresidenta Soraya –sin Sáenz de Santamaría- ni el TC decidirán quién debe ser el presidente de la Generalitat- “.

La no investidura de Puigdemont fue la chispa que avivó las hostilidades entre convergentes y republicanos. Mientras que los primeros querían mantener al huido como candidato a la presidencia, los segundos abogaban por desbloquear la situación con uno alternativo, conscientes de que las bravuconadas de Oriol Junqueras lo llevaron a dormir en la prisión de Estremera.

La Cataluña republicana estaba viviendo “sus últimos días”. Dos intrépidos periodistas de “El programa de Ana Rosa” así lo captaron en unos mensajes entre Puigdemont y el exconsejero Toni Comín, también fugado, en los que el primero le decía que “supongo que tienes claro que esto se ha terminado. Los nuestros nos han sacrificado”. El servicio de mensajería encriptada que utilizaron para enviarlos, “Signal” -recomendado por el mismísimo Snowden- hizo aguas cuando entraron en escena las cámaras de Telecinco.

Luchas intestinas en la familia independentista

Pero Puigdemont se recompuso y dijo que no iba a “desfallecer”. También llamó a la familia independentista a no caer en luchas intestinas. Poco después su exvicepresidente, Oriol Junqueras, abogó desde prisión por una presidencia bicéfala con un presidente ejecutivo en Cataluña y otro por “skype” desde Bruselas.

Los republicanos se opusieron a la propuesta sabedores de las consecuencias penales que la misma comportaría, lo que acrecentó las discrepancias con los convergentes, que se resisten a que Puigdemont se limite a hacer de jarrón chino.

En un nuevo giro de guión, Junts per Cat propuso modificar la Ley de Presidencia en lectura única –por el procedimiento de urgencia-  para acabar con la obligatoriedad de que el candidato a la Generalidad deba estar presente en el pleno de investidura. Los republicanos volvieron a oponerse sabedores de que con total seguridad la reforma sería recurrida de manera inmediata por el Gobierno al Tribunal Constitucional, lo que los colocaría de nuevo en el disparadero procesal. Una opción nada favorable a su número dos, Marta Rovira, ahora que la Guardia Civil la señala como una de las presuntas urdidoras del 1 de octubre. Pero tampoco a su homóloga en JuntsxCat, Elsa Artadi.

Las tensiones estallaron con la negativa de Torrent a estudiar la reforma de la Ley de Presidencia solicitada por los convergentes, así como con su anuncio de solicitar amparo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que Puigdemont pueda presentarse físicamente a la investidura. Y es que, como señaló el Tribunal Constitucional, la única forma que tiene de ser nombrado presidente es entregándose primero y recabando la autorización después del magistrado del Tribunal Supremo que instruye el 1 de octubre, Pablo Llarena, para defender su candidatura.

Mientras el culebrón independentista continúa, la actividad parlamentaria se mantiene paralizada. Al no haberse producido la votación de investidura, tampoco ha comenzado a correr el plazo de dos meses para disolver la cámara y convocar elecciones. La solución para desencallar esta situación pasa por que Torrent ponga fin de una vez por todas a la suspensión y sacrifique a Puigdemont o por que el bloque constitucionalista fuerce una votación. Algo que Inés Arrimadas parece no estar por la labor consciente de que la aritmética no la acompaña.