Previa a esta dimisióm, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha destituido al director general de Economía, Pablo Abejas, con motivo del caso de las tarjetas "opacas" empleadas por directivos y consejeros de Caja Madrid y Bankia. El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, ha anunciado esta medida de González.Además, la presidenta de Fundación Obra Social y Monte de Piedad Caja Madrid, Carmen Cafranga, ha decidido dimitir con "el fin de preservar los intereses" de la fundación. Estas decisiones llegan después de que los nombres de ambos hayan aparecido en la lista de 86 personas -65 miembros del consejo de administración y de la comisión de control y 21 consejeros ejecutivos y directivos- que se beneficiaron de estas tarjetas.Victoria ha dicho que desconocía "absolutamente" la existencia de esas tarjetas, y ha remarcado que la Comunidad de Madrid "carece de ninguna competencia" sobre la supervisión financiera de Bankia o de Caja Madrid, competencias que corresponden al Ministerio de Hacienda o al Banco de España, ha añadido.Aunque ha dicho respetar el derecho a la defensa de los usuarios de estas tarjetas, ha subrayado que deberán justificar "su buen uso y su adecuado destino a los gastos de representación a los que estaban ligadas", y en el caso de que no puedan justificarlos, ha considerado que deberían proceder a "la devolución de las cantidades y a la asunción de las responsabilidades que correspondan".Salvador Victoria no ha querido opinar sobre las medidas que deben tomar el resto de partidos políticos o sindicatos que cuentan con consejeros en Bankia que aparecen en el listado de beneficiaros de estas tarjetas opacas, medidas que corresponde decidir a los titulares de las mismas y a los organismos o partidos a los que pertenecen."El resto de instancias u organismos tendrán que dar explicaciones de lo que hacen o no hacen", ha añadido, antes de repetir que la Comunidad de Madrid ignora "cualquier asunto" vinculado a esta cuestión puesto que "carece de competencias y de supervisión" en la materia.CARMEN CAFRANGA DIMITE COMO PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓNPor su parte, la presidenta de la Fundación Obra Social y Monte de Piedad Caja Madrid, Carmen Cafranga, ha emitido hoy un comunicado personal en el que anuncia su dimisión del cargo y se compromete a "hacer voluntariamente las reparaciones a las que hubiere lugar".Según documentos a los que ha tenido acceso Efe, Carmen Cafranga, que dice tener la "firme convicción de haber actuado siempre con plena legalidad", habría sido beneficiaria del uso de tarjetas de crédito "opacas" con las que dispuso gastos por importe de 175.200 euros.La dimisión de la presidenta de la Fundación llega después de que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, hubiera instado al patronato de la Fundación a que su presidenta abandonara el cargo, ya que al no ser de nombramiento directo, el Ejecutivo no la podía cesar.La expresidenta de la Fundación Caja Madrid ha indicado que "no existe respecto de mi persona ni de la Fundación imputación judicial de ningún tipo como tampoco existe acusación por esta cuestión de las tarjetas de empresa contra los Consejeros y cargos electos de Caja Madrid".Pese a todo, Cafranga ha resaltado que "no obstante, con el fin de despejar toda sospecha de instrumentalización de la Fundación en mi favor, dejo la presidencia".En el comunicado, Cafranga ha explicado que "a la vista de las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación estos días sobre las tarjetas de empresa de los consejeros de Caja Madrid y Bankia y con el fin de preservar los intereses de la Fundación Obra Social y Monte de Piedad Caja Madrid, presento mi dimisión como Presidenta".En la nota, Cafranga ha justificado el uso de las tarjetas de crédito y ha precisado que "el sistema de compensación a los consejeros de la desaparecida entidad financiera -Caja Madrid-, de la que es heredera la Fundación, está documentado y definido en sus órganos de gobierno desde los ya remotos tiempos de 1988".Además, ha detallado que esa costumbre "es un modelo generalizado en este tipo de entidades y en numerosas empresas y estaba sometido a los más rigurosos sistemas de control y fiscalización, tanto internos como del Banco de España y de los demás organismos supervisores y reguladores competentes".La dimisionaria ha precisado que "las opiniones jurídicas consultadas descartan cualquier irregularidad de tipo penal" en el uso de las tarjetas de crédito.Además, ha comentado que "la Fiscalía Anticorrupción se ha limitado a remitir al juzgado que instruye el llamado "Caso Bankia" la documentación facilitada por el FROB, para que el material sea examinado por los peritos del Banco de España en el contexto de la pericia que ya les venía encargada".En su descargo, la antigua presidenta de la Fundación Caja Madrid ha reseñado que "como es evidente desde los años ochenta hasta la creación de Bankia en 2011 han pasado por la entidad Caja Madrid un conjunto de personalidades que han utilizado las tarjetas de empresa y cuya probidad es incuestionable".A continuación ha reseñado que "poner en cuestión que el sistema se hacía con plena legalidad, con gestión propia de la entidad y con absoluta transparencia, ya que precisamente el modelo de las tarjetas de empresa aseguraba el máximo control, choca con una realidad acrisolada en el tiempo". LOS PARTIDOS EXIGEN QUE SE DEVUELVAN LOS PAGOS QUE SE HICIERON CON LAS TARJETAS DE CAJA MADRID El PP, el PSOE, IU y UPyD exigen que los consejeros y directivos de Caja Madrid devuelvan los 15,2 millones que gastaron entre 1999 y 2012 con tarjetas opacas de la entidad, mientras el Estado considera que está legitimado para exigir el reintegro de dicha cantidad. Los partidos políticos, además de los sindicatos, exigen que la justicia actúe con celeridad después de que el fondo de rescate a la banca, el FROB, y la Fiscalía Anticorrupción hayan visto indicios de delito en los gastos de 86 miembros de la cúpula de Caja Madrid durante más de una década. En un escrito al que ha tenido acceso Efe, el FROB cree que está legitimado, junto a BFA y Bankia, para reclamar el dinero gastado por los directivos de la caja madrileña, ya que el grupo resultante recibió una abultada ayuda pública que podría haber sido menor de no haber existido estos cargos. Sin embargo, el bufete que asesoró a Bankia en la elaboración de los informes que destaparon el escándalo, cree que debe ser la Fundación Caja Madrid quien ejerza este derecho. Mientras se resuelve esta incógnita, la presidenta de dicha fundación, Carmen Cafranga, presentó su dimisión, ya que ella misma figura entre los implicados y presuntamente gastó 175.200 euros. Una conducta que horas antes le había afeado públicamente el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Además de esta dimisión, Pablo Abejas, el ex director general de Economía de la Comunidad de Madrid, fue cesado de sus funciones pues igualmente se le acusa de haber gastado 246.700 euros con las tarjetas opacas, y aunque haya sido el primero posiblemente no será el único. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, avisó anoche de que suspenderá de militancia a todo aquel sospechoso y su partido anunció hoy que se personará si se abre una causa sobre el uso fraudulento de estas tarjetas, igual que UPyD, dispuesta a pedir la imputación de todos los sospechosos. En la misma línea, el PP ha insistido hoy en que quien haya hecho un mal uso de las tarjetas corporativas de Caja Madrid no sólo devuelva el dinero sino que también responda ante la Justicia. CCOO y UGT han abierto ya sus investigaciones internas para esclarecer lo sucedido, puesto que también figuran algunos de sus representantes entre los titulares de las tarjetas opacas de Caja Madrid, por las que no consta que pagaran impuestos. Entre ellos, el secretario general de UGT-Madrid, José Ricardo Martínez, que gastó algo más de 44.000 euros con la tarjeta que tenía de Caja Madrid por su condición de consejero de la entidad y que ha afirmado que estudia la posibilidad de presentar su dimisión. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha sido uno de los primeros en declarar que el uso de estas tarjetas, al margen del sistema tradicional de Caja Madrid, es "execrable". Como añadieron los técnicos de Hacienda, Gestha, Caja Madrid puedo incurrir en delito fiscal al distribuir estas tarjetas entre su cúpula y sorprende que entre los implicados haya inspectores y ex altos cargos de la Administración. De hecho, Miguel Blesa, el propio expresidente de Caja Madrid, es inspector de Hacienda, por lo que a juicio de Gestha conoce bien la normativa tributaria y parece que pudo haberse aprovechado de las lagunas en el funcionamiento y de la capacidad de la Agencia Tributaria para detectar algunos fraudes en las grandes empresas. Mientras todo esto se aclara, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha dado traslado de toda la documentación a los dos peritos designados por el Banco de España para el "caso Bankia", con el fin de que se pronuncien al respecto