La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ve margen para subir en España en los próximos tres años un 10 % el salario mínimo interprofesional (SMI), que es de 655,20 euros mensuales para 2016. El director Internacional de Estudios Laborales de la OIT, Raymond Torres, ha dicho hoy que "hay margen para aumentarlo sin perjudicar a las empresas en la creación de empleo", ayudando así al crecimiento del consumo interno y mejorando las desigualdades. Ha llamado a evaluar los efectos de las últimas reformas laborales puestas en marcha en los últimos años, para ver cómo hacer frente a elementos urgentes a solucionar, como la temporalidad excesiva, el abuso en los contratos o la subcontratación con falsos autónomos, que responden a un incumplimiento de la normativa. "No hay un problema en la creación de empleo, sino en su calidad", ha dicho Raymond, y "más allá del debate político, lo importante es evaluar esas reformas laborales para después iniciar una nueva. En este sentido, el director de la oficina de la OIT en España, Joaquín Nieto, ha asegurado que "en España hay recuperación económica sin recuperación social", y ha abogado por la mejora de los ingresos salariales y las prestaciones y protección social. "La lucha contra la pobreza es desde el 1 de enero una obligación para el Gobierno", ha remarcado Nieto, al tiempo que han recordado que la tasa de riesgo de pobreza actual es del 22,5 %, frente al 17 % de la UE. Pese a todo, Raymond ha valorado la recuperación económica de España, "que es real y lleva al crecimiento del empleo y reducción del desempleo", de forma que la OIT prevé una reducción de la tasa de paro al 19,5 % para este año y al 19,3 % para el que viene, así como un estancamiento en la creación de empleo. No obstante, ha alertado de que en el mercado laboral "los desafíos son importantes y la situación en España es una de las perores del mundo desarrollado". Por ello, ha desgranado una serie de medidas necesarias para impulsar la creación de empleo de calidad, como facilitar el crecimiento de las pymes, realizar reformas tributarias y en el sistema bancario que, a su juicio, "no lo hace lo suficiente 8 años después del inicio de la crisis financiera". También políticas sectoriales y tecnológicas y enfocadas al impulso a la economía verde, y la revisión del sistema educativo para acompañar a los jóvenes hacia el mercado laboral, con más idiomas, orientación, formación técnica, puentes entre la FP y universidad y un con un mucho mayor número de prácticas profesionales. A su juicio, las políticas activas de empleo "no han cobrado nunca el protagonismo necesario", porque los servicios públicos de empleo "no están a la altura de las circunstancias, no pueden con el volumen de desempleo", ya que se han reducido los orientadores cuando debería haber 1 por cada 80 desempleados. También ha criticado la garantía juvenil porque "ha fracasado", con fondos disponibles que no se utilizan porque las oficinas de empleo no están capacitadas para gestionarlos". También requieren de un apoyo especifico con orientación los parados de larga duración, ha dicho Raymond, al tiempo que ha abogado por mejorar la cobertura de la negociación colectiva, que "ha disminuido tras la reforma laboral y hay que evaluarla y ver cómo impulsarla, para reducir desigualdades". También hay que poner en marcha políticas de género, una progresividad de la tributación fiscal para que las empresas paguen impuestos en función de sus ganancias y acabar con el "oligopolio en el mercado energético", que explica el alto precio de la energía en España perjudicando a las clases bajas y a la creación de empleo, ha dicho.