Clemente, ha defendido que la empresa abulense estaría cerrada desde 2011 si la Junta de Castilla y León no hubiera tenido en todo el proceso de crisis empresarial y judicial una posición “rigurosa y cautelosa”. Por su parte la procuradora socialista Mercedes Martín ha reclarmado que “se agilice la venta a la oferta más viable de las presentadas”, y ha lamentado que ha día de hoy siguen sin saber si existe “una propuesta solventa que reúna todos los requisitos”.