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El Gobierno lo destituye

Serafín Castellano en libertad provisional y sin pasaporte

El hasta hoy delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, ha quedado en libertad provisional, con obligación de comparecencia ante la autoridad judicial tantas veces como sea requerido, con retirada de pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional.
Serafín Castellano, a su llegada a los juzgados de Sagunto....
Serafín Castellano, a su llegada a los juzgados de Sagunto. EFE

Así lo acaba de explicar el Tribunal Superior de Justicia valenciano poco después de que Castellano haya abandonado el Juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto tras declarar durante algo más de media hora, sin hacer declaraciones y en un coche conducido por la secretaria autonómica de Gobernación, Asunción Quinzá.Según el TSJCV, la titular del juzgado le ha tomado declaración como imputado y tras la misma ha acordado las citadas medidas, de acuerdo con la petición fiscal.La previsión, en este momento, es que la juez tome declaración este viernes a siete de los nueve detenidos. A los otros dos se les tomaría declaración mañana, según el TSJCV, que añade que la operación sigue abierta y se siguen practicando diligencias.DESTITUIDO DE LA DELAGACIÓN DEL GOBIERNODespués de esta detención, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado de la destitución de Castellano en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en la que ha informado de que el sustituto se nombrará en próximas fechas.Sáenz de Santamaría ha asegurado que "tan pronto como se ha tenido información de que se iniciaba una investigación judicial" en torno a Castellano, se ha procedido a su destitución "inmediata".Respecto al nuevo delegado, ha explicado que se acordará una vez que se redacte el informe de idoneidad obligatorio tras la entrada en vigor de la nueva normativa de los altos cargos.Este informe, exigido al acceder al puesto y a su salida para comparar su situación patrimonial, es una de las medidas aprobadas este año por el Gobierno en materia de regeneración democrática, por lo que no se pudo aplicar al caso de Castellano.No obstante, ha recordado que las irregularidades en el patrimonio las investigan los jueces y cuando decretan alguna medida, es cuando el Gobierno pasa a tener conocimiento."No se puede sustituir la labor judicial en estos casos. Una vez conocida la investigación, se ha producido el cese inmediato. Es como se tiene que actuar y así lo hemos hecho", ha apuntado Sáenz de Santamaría.

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