La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha puntualizado en una entrevista a Telecinco que el Gobierno catalán tiene ya "poco tiempo” para ir al Senado y hacer las alegaciones. Sáenz de Santamaría ha evitado entrar en hipótesis sobre si Puigdemont pueda convocar elecciones esta semana acompañadas o no de una declaración unilateral de independencia.

Se ha limitado a precisar que Puigdemont se ha caracterizado por hacer lo que le han ido aconsejando los más radicales, no los moderados, y ha insistido en que si tiene que decir algo, que lo diga en el Senado. "Ese trámite va a estar ahí. Va a decir mucho de cómo entiende la democracia el señor Puigdemont", ha añadido.

La vicepresidenta, que ha desvelado que el pasado sábado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, habló con el líder del PSC, Miquel Iceta, ha recalcado que si Puigdemont y el resto de miembros del Govern son cesados, dejarán de ejercer sus responsabilidades aunque pretendan mantenerse en ella.

"Dejarán de serlo (miembros del Govern) por mucho que quieran vivir en la ficción que sea. Son presidentes y consellers por la Constitución. No están investidos por una autoridad divina", ha añadido antes de precisar que, por ejemplo, Puigdemont no podrá adoptar decisiones como president y dejará de cobrar por ese cargo y de tener todo lo que le acompaña.

Sáenz de Santamaría ha reiterado que la intención es que, en principio, las competencias de los consellers sean asumidas por los ministros, pero hay muchos escenarios y uno de ellos pasa por que posteriormente se decida un mando único.

Ha explicado la vicepresidenta que la actuación prevista por el Gobierno en los medios de comunicación públicos catalanes pretende que cumplan su propia ley, y ha confiado en que los funcionarios de la administración de Cataluña no se resistan a cumplir las órdenes que se les trasladen.

Pero si eso sucediera ha señalado que existen las potestades de sanción u organización necesarias para que acaten las directrices que se planteen.

Lo que ha precisado es que los acuerdos en aplicación del artículo 155 permiten "ir cesando y removiendo" a las personas que pudieran ser responsables de incumplimientos.

No ha aclarado si el jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, sería destituido inmediatamente y ha explicado que lo primero que se haría es cesar al consejero de Interior y, a partir de ahí, "se seguirían tomando las primeras decisiones".

Lo que ha dicho que se hará "sin ningún género de dudas" es actuar ante el intento de la Generalitad de construir "una estructura de Estado" en el exterior. "Eso -ha dicho- tiene que recuperarse para la legalidad y es uno de los ámbitos en los que vamos a actuar con carácter prioritario".