La Conferencia Episcopal Tarraconense ha mostrado su preocupación por la Proposición de ley de derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales para la erradicación de la homofobia, la lesfobia y la transfobia, que en estos momentos se encuentra en trámite parlamentario para ser aprobada. Una vez más la Iglesia deja bien claro que no hay que discriminar a nadie por razón de sexo, raza, religión, creencias y condiciones físicas o psíquicas. Ahora bien, esto no significa aceptar la imposición de la ideología de género, como sucedería de seguir adelante con esta legislación absolutamente inaudita, que intenta regular todos los aspectos de la vida de las personas, incluida su vida privada.Especialmente preocupantes son las sanciones, de corte totalitario, que contempla el texto. Se establecen multas por emitir mensajes subliminales que inciten a la homofobia y se llega a sancionar con la suspensión de las actividades de la empresa desde donde se lleve a cabo ese comportamiento supuestamente homofóbico. Afortunadamente la Iglesia no está sola y no es la única voz que se ha alzado contra este disparate legislativo. Desde la sociedad civil también se ha organizado un consejo de entidades para mostrar su rechazo a la citada ley. No es una cuestión menor. Está en juego el libre ejercicio del derecho a la libertad religiosa, de pensamiento y de conciencia de los ciudadanos de Cataluña.