El consejero de Obras Públicas, Política Local y Territorial, Antonino Burgos, ya firmó el pasado 17 de enero un convenio por el que se pone a disposición de las personas que hayan sido desalojadas de sus hogares después del 1 de enero de 2008, por impago de un préstamo hipotecario, un parque de 5.891 viviendas en toda España, 61 de ellas repartidas por 11 municipios riojanos. El alquiler de estos inmuebles tendrá una duración de dos años y la renta mensual oscilará entre 150 y 400 euros, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad familiar. Con esta decisión, el Gobierno de La Rioja se suma "a los esfuerzos del Ejecutivo central e intensifica sus actuaciones para mitigar la dramática situación por la que atraviesan las familias con escasos recursos económicos que han perdido su vivienda", ha indicado Antonino Burgos. En diciembre de 2012, el Ejecutivo riojano acordó poner a disposición de las familias afectadas por procesos de ejecución hipotecaria los pisos vacíos del Instituto de la Vivienda de La Rioja (IRVI) y la Bolsa de Alquiler, que en conjunto suman cerca de 450 inmuebles.