El Gobierno aprobó ayer un decreto para endurecer el acceso a la jubilación anticipada. La edad legal de jubilación en este momento son los 65 años pero la media está en más de 63 años. Nuestro sistema de pensiones tiene un serio problema de sostenibilidad. Afortunadamente la gente vive más tiempo y eso significa un mayor gasto. No es solo un problema generado por la crisis. Cuando se recupere la economía no volveremos a tener dos cotizantes y medio por cada jubilado, que era lo que teníamos en los buenos momentos. El Gobierno se comprometió con Bruselas a cambiar nuestro sistema de pensiones porque la reforma de Zapatero de 2011 fue insuficiente. La Comisión quiere que nos acerquemos progresivamente a una jubilación a los 70 años. Una de las medidas aprobadas ayer obliga a que las grandes empresas paguen la pensión de sus prejubilados, aunque tengan pérdidas. Tenemos, por desgracia, malos precedentes de compañías que han utilizado el dinero público para reducir sus plantillas. Se facilita además que tras llegar a la edad de jubilación obligatoria se siga trabajando. Hace falta realismo económico. Y por otra parte, desde el punto de vista moral la inactividad tampoco es un estado ideal. Respetando la necesidad de los que tienen puestos de gran esfuerzo físico, y acomodando la carga laboral a las circunstancias de la vejez, continuar trabajando no tiene porque ser un castigo.