El sueldo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, -78.185,04 euros al año- bastante menos que el de muchos de sus altos cargos, es uno de los datos más llamativos del Portal de la Transparencia que hoy ha visto la luz, con más de medio millón de registros desde subvenciones a contratos públicos.Con alguna lentitud en sus primeras horas por la gran afluencia de internautas, la web del Portal de la Transparencia -transparencia.gob.es- ha echado a andar aportando algunos datos que, no por conocidos, no dejan de llamar la atención.Rajoy, con mucho, percibe un salario muy inferior al de sus subordinados en la Presidencia del Gobierno.Su director de Gabinete, Jorge Moragas, gana 113.186 euros frente a los 78.185 de Rajoy, y el director de la Oficina Económica, Álvaro Nadal, 112.733 euros anuales.Algo similar ocurre en el Ministerio de la Presidencia, donde la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ganó el pasado año 75.744 euros brutos, menos que algunos de sus más inmediatos colaboradores.Esa circunstancia se repite en todos los ministerios desde el puesto de secretario de Estado en adelante: a más responsabilidad, menos sueldo.El Portal de la Transparencia también ha permitido conocer las indemnizaciones que han recibido los altos cargos que han cesado en su cargo.Destacan los 236.789 euros en dos años que ha cobrado el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura Sánchez, o los 149.945 de Antonio Colino, exconsejero del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).Otro de los aspectos más llamativos del portal es la posibilidad de conocer el destino laboral de algunos de los antiguos altos cargos que han solicitado una autorización para ejercer la actividad privada.Por ejemplo, Borja Adsuara, hasta 2013 director de Red.es, fue autorizado en julio pasado a trabajar en cinco empresas o instituciones diferentes.El antiguo embajador de España en Francia, Carlos Bastarreche, ha pasado a trabajar en Airbus.Así hasta un total de 12 altos cargos, que han pasado de desempeñar puestos de responsabilidad en la administración a trabajar en universidades, bufetes de abogados o empresas de tecnología.Más allá de los datos, el Gobierno se ha felicitado por que la puesta en marcha de este portal permita a los ciudadanos conocer informaciones y datos sobre la administración hasta ahora poco accesibles y formarse una opinión sobre las diferentes formas de gobernar para, por ejemplo, ejercer su derecho al voto.El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha destacado que ha sido el Gobierno del PP el que ha puesto en marcha esta ley, la primera en democracia que establece nuevas obligaciones a la administración y a los gobernantes, y da nuevos derechos a los ciudadanos.Entre los límites a la información, ha recordado los datos sensibles sobre la defensa nacional y los intereses económicos del Estado, o informaciones de carácter personal, protegidas por la Ley de Protección de Datos.Además, en el caso de que una información no esté disponible en el portal, cualquier ciudadano podrá solicitarla a través de un formulario en línea y la administración deberá contestar en un plazo máximo de 30 días.Ayllón ha subrayado que si el ciudadano no está de acuerdo con la información facilitada, podrá recurrir ante el Consejo de la Transparencia o incluso ante los tribunales.Por el contrario, el PSOE ha tildado de "fraude" el nuevo portal de transparencia al dejar sin publicar la declaración de bienes de 257 altos cargos, entre ellos varios secretarios de Estado y unos 80 embajadores.La diputada socialista Isabel Rodríguez ha asegurado que el portal entra en vigor con mal pie y ha recalcado que el Gobierno del PP está "incapacitado" para hablar de transparencia."El Gobierno debe ser realmente transparente y cuando dice que va a hacer transparencia, realmente la haga. No valen discursos y palabras, sino hechos", ha reclamado.En esta misma línea, la fundación Civio y Access Info Europe han denunciado las "trabas" que, a su juicio, impone el nuevo portal, que obliga a identificarse con el DNI electrónico y pide claves a los ciudadanos que reclamen de forma activa datos concretos a la administración.