La Ley de la Transparencia es una iniciativa impulsada por el Gobierno para «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública y garantizar el derecho al acceso a la información». El objetivo es que los ciudadanos sepan en qué se gastan el dinero de sus impuestos.

La norma ha entrado hoy en vigor y a través del Portal de la Transparencia, www.transparencia.gob.es  los ciudadanos podemos encontrar más de medio millón de informaciones de interés público. Por ejemplo, cuanto cobran los miembros del gobierno, y hemos visto que Jorge Moragas, el director del gabinete de la Presidencia del Gobierno, es el mejor pagado de la Presidencia del Gobierno, muy por encima del propio presidente, Mariano Rajoy, o también podemos saber cuanto dinero les damos a los sindicatos o a la patronal.

La Ley de Transparencia afecta al gobierno, a todos los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, la Casa del Rey, las empresas que reciben un 50 por ciento  de subvención pública, las iglesias, el Congreso y Senado, el Banco de España, entre otros.

Entre otros documentos, se podrá hallar también, por ejemplo, una lista de las autorizaciones concedidas a los altos cargos cargos que se han pasado a la empresa privada.

Si quiere conocer alguna información que no aparece entre los 500.000 datos públicos, cualquier ciudadano puede hacer la petición solamente con un DNI electrónico dándose de alta en la página, que le proporcionará una clave.

La respuesta la recibirá en su correo postal o en el propio Portal de la Transparencia, aunque podrán denegarle la información si la administración entiende que dársela supondría un perjuicio para la seguridad nacional o pública, los intereses económicos y comerciales y otros límites que marca la ley de transparencia.

Si no está de acuerdo con esta negativa se podrá presentar una reclamación ante el Consejo de la Transparencia, también por vía telemática, o  recurrir a los tribunales.
 
En cuanto a las consultas que afecten a la Casa Real, serán canalizadas por la secretaría general de la Presidencia del Gobierno, que atenderá las que sean de competencia de los distintos ministerios.

No se podrá encontrar datos que supongan un perjuicio para cuestiones como la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores o los intereses económicos o comerciales entre otros asuntos.
Tampoco se detallarán los registros de entrada y salida de los ministros de La Moncloa, un asunto clave para comprobar quién se reúne con los políticos.