Sáenz de Santamaría ha respondido en Palencia, durante su participación en las fiestas del patronales, a las críticas de los grupos de la oposición a la modificación de la ley para permitir que el TC pueda sancionar a quien no cumpla sus resoluciones, lo que abriría la puerta a este organismo para multar e incluso suspender en sus funciones al presidente de Cataluña, Artur Mas, y a cualquier persona o autoridad que incumpla sus sentencias. Al respecto, la vicepresidenta ha llamado a la reflexión al preguntarse "¿en qué país democrático y en qué Estado de Derecho las resoluciones no se cumplen?". En este sentido, ha justificado la propuesta del Gobierno porque confiere capacidad al Tribunal Constitucional para que sus decisiones se cumplan, y se ha preguntado: "¿qué mal hay en que los tribunales tengan capacidad de que sus decisiones sean cumplidas por los gobiernos, por las administraciones y por los ciudadanos?". Lo que pide el Gobierno central con esta reforma, ha agregado, es que cuando un ciudadano o administración acuda a un tribunal, en este caso al TC, y se le da la razón, "esa decisión se cumpla y se respete por todos". Por eso, ha insistido en que "es una medida que no va contra nadie, va a favor del fortalecimiento del Estado de Derecho, del fortalecimiento del marco constitucional, de que quien acude a un tribunal para que le de la razón sepa, que si se la da porque la tiene, esa decisión se va a cumplir". "¿Cómo se puede explicar a los ciudadanos que después de iniciar un proceso, que muchas veces son largos y complicados, después de obtener una decisión, en este caso ante el Tribunal Constitucional, y muchas veces en defensa del marco constitucional, esas decisiones no se cumplen?", ha insistido la vicepresidenta. Sáenz de Santamaría ha realizado estas declaraciones a los periodistas en Palencia, durante su participación en los actos centrales del día grande de las fiestas patronales en honor a San Antolín, en los que ha estado acompañada por el alcalde de Palencia, Alfonso Polanco; la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén; y la delegada del Gobierno en Castilla y León, María José Salgueiro