La vista, que se desarrollará a puerta cerrada ante un único juez, tendrá lugar en la Cámara del Consejo de Bruselas y a ella asistirán los cinco acusados y sus abogados así como un intérprete, pues la instrucción se desarrollará en neerlandés.

La Justicia española reclama por presuntos delitos de sedición, rebelión, malversación de fondos públicos, desobediencia y prevaricación a Puigdemont y a sus exconsejeros autonómicos Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura).

Todos ellos se encuentran en Bélgica desde el pasado 30 de octubre y en régimen de libertad vigilada desde el pasado domingo 5 de noviembre, a expensas de que se desarrolle el proceso sobre las citadas Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE).

Entre las restricciones a las que están sujetos los acusados se cuenta la prohibición de viajar al extranjero sin el permiso del juez de instrucción, la obligación de comunicar una dirección de residencia y la de asistir personalmente a cada una de las audiencias a las que se les convoque.

Tras la vista, cuya duración es incierta, el juez podría tomar la decisión sobre las euroórdenes hoy mismo, aunque lo más probable es que tome esa decisión más adelante, dentro del plazo de 15 días del que dispone para ello.

La Fiscalía de Bruselas podría solicitar a España información adicional si considera que las euroórdenes están incompletas.

En ese sentido, el Ministerio Público belga ha pedido a la jueza de la Audiencia Nacional que reclama a los acusados, Carmen Lamela, información sobre el sistema penitenciario y judicial español.

Instituciones Penitenciarias envió ayer, jueves, un documento de 15 páginas con fotografías de las celdas y respuestas detalladas a las 14 preguntas de la Fiscalía belga.

Una vez el juez de primera instancia decida sobre las euroórdenes en el citado plazo de 15 días, tendrá que comunicárselo a los interesados en las 24 horas siguientes.

Si estos rechazan de nuevo su entrega a España, todavía podrían volver a recurrir la decisión ante una instancia superior, el Tribunal de Apelaciones, así como ante la Corte de Casación.

Todo ese proceso debería durar alrededor de 60 días, aunque podrían sumarse 30 días más por motivos excepcionales e incluso superarse ese plazo en algunos supuestos.

España no estará presente en todo el proceso como acusación particular y que sólo hay dos partes, los acusados y la Fiscalía belga, aunque el Ministerio Público belga está en contacto con la Fiscalía española.

El entorno del expresidente catalán en Bélgica ha indicado que ni Puigdemont ni los exconsejeros autonómicos harán declaraciones a la prensa ni antes ni después de la vista, pero sí comparecerán ante los medios de comunicación sus abogados.

Estos han hecho saber que basarán su defensa en el argumento de que los cinco acusados se someterían en España a un juicio político, no penal, y pondrán en duda que los delitos que se les atribuyen entren dentro de las 32 causas por las que se puede extraditar automáticamente a un ciudadano europeo de un Estado miembro a otro.

La Fiscalía también dará cuenta de la sesión a través de sus portavoces, según ha informado el Ministerio Público.