El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, han enviado una carta al Rey y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que reclaman negociar un referéndum.

En su carta conjunta, las máximas autoridades del Govern, Parlament y Ayuntamiento de Barcelona advierten de que "no dialogar es incompatible con la resolución de los problemas" y añaden: "Nuestra disposición al diálogo ha sido, es y será permanente".

"Queremos hacer un nuevo llamamiento al diálogo al Gobierno español y, en particular, a su presidente, Mariano Rajoy. Un llamamiento al diálogo para abordar de qué manera nos podemos poner de acuerdo para que los catalanes celebremos un referéndum", afirman, en un último intento de acordar la consulta antes del 1-O.

A 16 días del 1 de octubre, fecha para la que el Govern convocó un referéndum sobre la independencia de Cataluña, suspendido por el Tribunal Constitucional (TC), Puigdemont, Junqueras, Forcadell y Colau reclaman un "diálogo abierto, sin condiciones", para "hacer posible lo que en democracia nunca es ni un problema ni aún menos un delito: escuchar la voz de la ciudadanía".

En la misiva, remarcan que "los conflictos políticos se resuelven, en los sistemas democráticos, a través de propuestas políticas que son consecuencia de negociaciones y diálogo", pero la "respuesta" del Estado al caso catalán "siempre ha sido negativa o con un recorte insostenible", y recuerdan que el TC "tumbó" el Estatut aprobado en referéndum en 2006, lo que "rompió el pacto pacte constitucional de 1978".

Ahora, el Govern propone resolver el "conflicto" mediante un referéndum de autodeterminación para el 1-O, que no cuenta con el "acuerdo" del Estado "como habría sido deseable y como se ha pedido reiteradamente por una amplia representación de los parlamentarios y de la sociedad catalanes", señalan, en referencia al Pacto Nacional por el Referéndum.

"De hecho, hoy la justicia española está interrogando a responsables de aquel Pacto, aprobado por el Parlament y nunca invalidado por el Tribunal Constitucional, como si se tratase de una actividad ilícita", denuncian.

Pero "lejos de abrir la puerta al diálogo, el Estado español ha iniciado una ofensiva de represión sin precedentes en que contempla desde la limitación del derecho fundamental a la libertad de expresión" hasta la "detención del 75 % de los alcaldes de Cataluña" que se han comprometido a facilitar el 1-O, indica la carta, que se hace eco de las "querellas penales" de la Fiscalía contra el Govern y la mayoría de miembros de la Mesa del Parlament.