El mismo día en que la juez Mercedes Alaya implicaba en el escándalo de los Eres fraudulentos al vicepresidente de la Junta de Andalucía, sin que el PSOE pestañee, el Partido Socialista de Navarra anunciaba su intención de presentar una moción de censura contra la presidenta Yolanda Barcina por una supuesta irregularidad fiscal, sin que medie siquiera una investigación judicial. Hace tiempo que los socialistas navarros tratan de desbancar del Gobierno foral al partido ganador de las elecciones, la Unión del Pueblo Navarro. Ahora ha bastado una denuncia sin fundamento, presentada en sede parlamentaria por la antigua gerente de Hacienda contra la que fuera su jefa y actual vicepresidenta, para que el PSOE se lance en tromba contra el Gobierno del que formó parte para obligarlo a convocar elecciones anticipadas. Para conseguir este propósito el PSOE navarro tiene que contar con la colaboración necesaria del partido proetarra Bildu, encantado con todo lo que suponga una oportunidad para debilitar las instituciones y alcanzar más poder. Evidentemente debe investigarse qué fundamento tiene la denuncia parlamentaria contra la vicepresidenta navarra. Pero de ahí a obligar a un gobierno a dimitir, dando por sentados unos hechos denunciados en lo que parece un gesto de despecho, denota cuando menos una frivolidad, tanto más temeraria cuanto exige el respaldo de un partido venido del mundo de ETA, que además persigue la desaparición de Navarra como comunidad autónoma. A estas horas se desconoce la opinión de Rubalcaba.