El arranque del nuevo gobierno en España lleva una velocidad de crucero. La Comisión del Pacto de Toledo ha celebrado ya una primera reunión en la que los grupos políticos han acordado un calendario preparatorio de un texto que tiene como finalidad garantizar el sistema público de pensiones. Las propuestas para resolver el déficit de caja de las pensiones, que va a obligar una vez más a echar mano del fondo de reservas, tienen una relevancia especial. Son necesarios acuerdos básicos en política de creación de empleo, mercado laboral, incentivos fiscales y nuevas formas de financiación del sistema. El Gobierno, además, tiene la apremiante tarea de  sacar adelante los Presupuestos para el año próximo, y poner sobre las mesa medidas para controlar el desvío del déficit público, una exigencia de Bruselas que el Ejecutivo no puede pasar por alto.Los retos a los que se enfrenta el Gobierno obligan a los diversos actores sociales a hacer pública su posición. Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, en la presentación de un documento de medias urgentes que han entregado al Ejecutivo de Rajoy, apuntan a una estrategia llena de líneas rojas, de anuncios velados de movilizaciones y de condiciones  innegociables, como la supresión de la reforma laboral y la subida salarial de un punto y medio para el próximo año. Una estrategia que demuestra cierta impaciencia táctica y un afán notable de protagonismo. Pero también los sindicatos debieran contribuir al clima de acuerdo político y social y a los pactos venideros.